El alcalde Donamaris Ramírez denunció ayer ante la Corte Penal Internacional al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a nombre de los colombianos víctimas del gobierno del vecino país, por la violación de sus derechos humanos, tortura, discriminación racial, y la comisión de delitos de lesa humanidad contra estos ciudadanos, y algunos nacionalizados en Venezuela.
Según el texto entregado en la Corte Penal Internacional, el alcalde cucuteño pidió:
1. Que la Fiscal de la Corte Penal Internacional, o sus delegados, se trasladen en los próximos días a Cúcuta para documentar y/o comprobar las violaciones de derechos humanos, dada la necesidad imperiosa de asegurar la prueba y generar condiciones que permitan salvar a las personas en condición de vulnerabilidad. Esta misma solicitud se hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desplazó a funcionarios suyos a Cúcuta y verificó las denuncias.
2. Que se adelanten las investigaciones contra Nicolás Maduro, Tarek Willian Saab, Diosdado Cabello, José Gregorio Vielma Mora, el Ejército de Venezuela, la Policía Técnica Judicial, la Guardia Nacional Bolivariana, y demás autoridades venezolanas, así como los que resulten comprometidos en los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos cometidos con cierre de la frontera declarado el 19 de agosto de 2015.
3. Que la Fiscal de la Corte Penal Internacional garantice los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos perpetrados tras el cierre de la frontera.
4. Que se otorguen medidas cautelares inmediatas en favor de las personas afectadas, o que resultaran perjudicadas, con las decisiones adoptadas unilateralmente por las autoridades venezolanas, que se logren establecer durante la visita y las diligencias que se solicitan en el numeral primero.
Igualmente, el mandatario manifestó que, a la fecha, hay aspectos sobre los que no se han logrado acuerdos, como el ingreso de vehículos oficiales de autoridades colombianas a territorio venezolano para recoger e inventariar los bienes muebles y enseres que eran de propiedad de los colombianos desalojados.
Tampoco se ha permitido a los colombianos que pasen a Venezuela para vender dichos bienes; que se ordene la re-expedición gratuita de todos los documentos que fueron destruidos; que se respete la posesión y el derecho de propiedad de los colombianos; que se permita hacer un inventario de las casas destruidas, entre otros.
Los hechos
El alcalde argumenta que el gobierno de Venezuela hizo la declaratoria del estado de excepción en la zona fronteriza con Colombia, sin motivo legal alguno, y asevera que esto generó manifestaciones de racismo, xenofobia y otras formas de discriminación.
Además insiste en que hubo desintegración familiar, por la expulsión y deportación masiva que se basó en “perfiles raciales”, se afectó a refugiados, niños, trabajadores, y todos aquellos que contaban con una alternativa de vida en el vecino país.
Ramírez anexó en sus pruebas los testimonios con grabaciones y fotografías de 9 personas que fueron sacadas a la fuerza, y cuyos familiares han desaparecido, sus hogares fueron destruidos de forma violenta, y los amenazaban con quitarles los hijos por considerarlos ‘hijos de la patria’.
