Cerca de mil afiliados a Sintragasolina marcharon este lunes exigiendo que cesen los operativos de la Polfa, que se busquen más alternativas de reconversión laboral, y que las autoridades se dediquen a “no estar en contra de la población pimpinera”.
Según Yuleima García, presidenta de Sintragasolina, el detonante de la crisis no solo es la falta de empleo, sino la muerte de sus compañeros, de los cuales hoy suman 15 denuncias ante la Fiscalía.
“Tenemos toda la voluntad de salir de la informalidad y los gobiernos lo saben”, dijo. “Nos hemos acogido a proyectos de reconversión, pero no arrojan resultados esperados”.
Por ello, solicitó que la destinación de recursos sea concertada, con miras a definir cuáles empresa serán las que “verdaderamente pueden generar empleo digno”.
También recordó la urgencia de reactivar la mesa de diálogo “para analizar qué falló en los anteriores planes de reconversión, y cómo mejorar”.
Adicionalmente, se pidió ampliar la cobertura de reconversión, que es limitada.
Un ejemplo de ello, es el contrato que se firmó el pasado 2 de abril entre Comfanorte y la secretaría municipal de Desarrollo Social para impulsar los encadenamientos productivos con solo 28 vendedores informales de combustible, por medio de la cooperativa de transporte Rapicarga Express, por 69 millones de pesos, en un plazo de 4 meses.
Rodeado por los pimpineros, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Javier Barrera, escuchó las acusaciones de la comunidad.
Cuestionan a la Policía
Enrique Pertuz, coordinador de la Red departamental de defensores de derechos humanos, cuestionó la “persecución encarnizada” a los pimpineros por la Policía, “pero con los grandes carteles y mafias no pasa nada”.
Señaló que los decomisos no estarían siendo reportados ante la Dian, y relató que ayer en la mañana, “una patrulla traía tres canecas y la gente, en el Terminal, salió a quitarlas pensando que venían llenas, y, ¡Oh, sorpresa! Estaban vacías”.
Según varios manifestantes esta es solo una prueba de que el combustible es vendido, al parecer, en un parqueadero de la avenida Las Américas donde han encontrado hasta sus propias pimpinas.
Por su parte, García afirmó que “para nadie es un secreto que el gremio pimpinero es víctima de las extorsiones, de las bandas criminales” e incluso señaló casos en los que la fuerza pública también “cobra en los pasos”.
“Estamos en medio de sectores en los que no hay ley”, dijo. “Es lamentable decir que de la cárcel Modelo hacia abajo no hay ley, no hay fuerza pública que le haga un pare a las bandas criminales”.
El coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta respondió que la incautación de contrabando seguirá, porque es “una actividad ilícita. La ley es la ley”, dijo, y sobre las acusaciones por extorsión, dijo que “la Policía Nacional ha dado de baja a delincuentes pertenecientes a grupos al margen de la ley; yo hablo con hechos y resultados, no con cuentos”.
El gobernador William Villamizar anunció que solicitará al Gobierno Nacional, recursos adicionales para que la comunidad salga de la ilegalidad.
