Seis hallazgos fiscales que suman 849'600.000 pesos detectó la Contraloría General de la República tras una actuación especial sobre los recursos de orden nacional ejecutados por el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), ejecutado en 39 municipios de Norte de Santander.
Se trata del contrato 516 de 2014 suscrito por el Ministerio de Educación y la Corporación Wakuzari.
De acuerdo con el organismo de control fiscal, los hallazgos hacen referencia al pago de $688'300.000 sin la presunta existencia de soportes de prestación del servicio.
Y también corresponden a otros pagos de menor cuantía por la supuesta prestación del servicio en instituciones educativas de las que no existe registro en el Simat y cuyo monto total no fue especificado por el ente de control.
Así mismo, la Contraloría General detectó otros dos hallazgos fiscales por $66'300.000 y $10'600.000, respectivamente, al parecer, por pagos irregulares sobre la base de alumnos repetidos en las planillas de asistencia y otros que no figuraban matriculados en el sistema.
La actuación especial de la CGR detectó, además, presuntas irregularidades de orden administrativo, disciplinario y penal relacionadas con falta de control en la calidad de los alimentos que se suministraron a los menores y falencias del operador del contrato en el pago de aportes parafiscales de sus empleados.
A esto, se suman fallas en la etapa de planeación del contrato, demora injustificada en la liquidación del mismo, y ausencia de mecanismos efectivos de focalización de la población estudiantil a la que se le prestó el servicio de alimentación.
Auditoría al contrato con Paz y Futuro
Los hallazgos fiscales detectados por la Contraloría General, se suman a la auditoría que anunció el viceministro de Educación, Víctor Saavedra, al contrato firmado por la gobernación de Norte de Santander con la Corporación Paz y Futuro.
El funcionario explicó que en Norte de Santander hay 3.959 estudiantes ‘fantasma’ y que al contrato por $32.337 millones se le hizo una adición, presuntamente injustificada, por $4.937 millones, para un total de $37.274 millones”.
El pasado sábado, el viceministro le dijo a La Opinión que el Ministerio de Educación “visitó todas las escuelas del departamento, y para el Ministerio esos estudiantes que no aparecen tiene un costo muy grande”.
*Colprensa