El martes, el secretario de Hacienda de Cúcuta, Luis Javier Chávez, se enteró de que el recaudo por concepto de alumbrado público de la zona rural de Cúcuta, específicamente en el corregimiento Buena Esperanza, nunca ha sido pagado al municipio.

Con ello se explicaría el por qué este servicio en la zona rural es tan precario, y además, por qué las concesiones que por años desarrollan la iluminación en la zona urbana nunca han adelantado proyectos en ese sector.

Según se pudo conocer, unos 2.800 contribuyentes de 25 veredas de la zona rural de Cúcuta, siempre han abonado por años su contribución a El Zulia y Puerto Santander, a pesar de que viven en territorio cucuteño.

Olvidados

Según la presidenta de Asojuntas de Buena Esperanza, María Victoria Carrero, tiempo atrás ya se habían conocido algunas quejas de los vecinos, pues cuando querían reclamar por el mal servicio de alumbrado público, sus clamores no se debían llevar a Cúcuta sino a la alcaldía de El Zulia o Puerto Santander.

«El problema que tenemos con el alumbrado público es que a nuestro territorio llegan los recibos de Centrales Eléctricas para que se pague a los municipios de El Zulia y Puerto Santander, la solución es que nosotros paguemos a Cúcuta y así nos vuelvan a mirar», dijo Carrero.

La propuesta, tanto de los corregidores como autoridades en la zona rural, es que al pagar un impuesto a Cúcuta, un 50% más caro del que venían pagando, el alcalde por fin los atienda y ordene la instalación de una mejor red pública de alumbrado.

Según la comunidad, actualmente el corregimiento de Buena Esperanza tiene unas 280 bombillas, muchas de ellas deterioradas por años de uso; además, sus escenarios deportivos y vías quedan a oscuras todas las noches, generándose un ambiente de inseguridad.

Problema legal. Para los conocedores del tema, el hecho de que la alcaldía no haya cobrado por años este impuesto, implica una indebida gestión del municipio que deberían revisar los entes de control, si así lo consideran.

Según la comunidad, la mampostería instalada en la zona rural data de muchos años, lo cual implica que el tesoro público sí pudo haberse afectado por el no cobro.

Y es que la zona rural de la capital nortesantandereana bien podría ser el patio de la casa que más deficiencias tiene por la mala gestión municipal que la ha dejado rezagada, incluso, en comparación con Tibú, un municipio de menor categoría que ya cuenta con tecnología LED.

¿Quién responde?

Según el gerente de Centrales Eléctricas de Norte de Santander, (CENS), José Miguel González, los municipios y sus concejos tienen la responsabilidad del cobro de sus impuestos.

Aseguró que Centrales está sujeta, por ley, a prestar un servicio dentro de la factura de energía para el recaudo del impuesto de alumbrado público, pero este recurso se ha transferido 100% a los municipios.

«Nosotros hemos utilizado las bases de datos de estos municipios para hacer estos recaudos», aseguró, y explicó que se indagará sobre qué está pasando para entregar una respuesta sobre este tema en particular.

Por su parte, Luis Javier Chávez, secretario de Hacienda Municipal, dijo que se va a hacer la revisión respectiva contactándose con Centrales Eléctricas y con la concesión de alumbrado público.