Empresarios de transporte intermunicipal se declararon ayer inconformes por el trato de cuarta categoría que les están dando los gobiernos departamental y nacional en estos momentos de crisis por la pandemia del coronavirus.

En una carta pública que le dirigieron al presidente Iván Duque; al gobernador Silvano Serrano, y a los alcaldes de Norte de Santander, los representantes legales de las empresas Coopmotilón Ltda, Cotranscat, Extra Rápido Los Motilones, Cotranal Ltda, La Belencita, Contransunidos, Catatumbo Trindls SAS, Acaritama y Moguicita manifiestan que debido a la suspensión de las operaciones de transporte, producto de la pandemia, se vieron obligados a suspender los contratos de trabajo a unos 1.200 trabajadores directos.

Son más de 950 propietarios de vehículos los que también están cargando con todo el peso del olvido estatal y por la crisis que atraviesa el sector, derivada también por la asfixiante piratería en el transporte de pasajeros, que no tiene control alguno de las autoridades.

El llamado de los empresarios de transporte es para que se les permita reactivar las operaciones y levantar de esta manera el bloqueo económico al que están sometidos por la pandemia del coronavirus, dijo el representante legal de Coopmotilón, José Luis Gélvez Contreras.

Mientras el transporte formal está paralizado, la piratería está en pleno auge sin que nadie lo impida y, lo peor, sin reunir las medidas de bioseguridad que evite el contagio de la COVID-19.

En la carta, los empresarios manifiestan su irrestricto apoyo a las medidas de protección decretadas por el Gobierno Nacional para combatir la pandemia. “la apoyamos y la acatamos, pero al prolongarse estas medidas, nos han causado un enorme perjuicio para el desarrollo de nuestra actividad empresarial fuente de ingresos para nuestras empresas y familias”, precisó Gélvez.

“Debido a la medida de suspensión, hoy en día, las empresas de transporte, propietarios y conductores de vehículos estamos abocados a la quiebra por cuanto no contamos con las entradas económicas que nos permitan cubrir las obligaciones laborales, crediticias y los gastos familiares”, señala un aparte de la misiva dirigida a los gobernantes nacional, departamental y municipales.

Los empresarios del transporte intermunicipal plantean que ante el sombrío panorama de crisis económica que se avecina, debido también a que la pandemia llegó para quedarse, se hace necesario extremar las medidas sanitarias que recomiendan las autoridades de salud, a fin de que podamos reanudar las operaciones y, de paso, la economía de los diferentes municipios.

Los empresarios se comprometieron a garantizar plenas condiciones de bioseguridad, porque están en plena capacidad y disposición de adoptar todas las medidas de protección a sus trabajadores y pasajeros, como son la desinfección externa e interna de los vehículos, la desinfección de manos a través del suministro de gel, la toma de temperatura y el uso obligatorio de tapabocas durante los itinerarios y frecuencias.

Gélvez dijo que con el fin de evitar el eminente despido de los trabajadores y el posible cierre por colapso económico de las empresas, acudieron de manera urgente al Gobierno Nacional, departamental y municipal, para que se proceda a hacer un análisis de fondo a la grave situación que los aqueja por la suspensión temporal del transporte intermunicipal de pasajeros, y que se proceda a ordenar la reactivación gradual de las actividades, como se hizo en el Valle del Cauca y en el vecino departamento de Santander.

Es imperante también que se suspenda el cobro de estampilla de desarrollo fronterizo establecida para el transporte público con destino fuera de Norte de Santander, mientras dure la pandemia, debido a que el cupo de los vehículos disminuirá en un 50 por ciento. También solicitaron a las alcaldías que se ordene la disminución en un 50 por ciento el valor de la tasa de uso que pagan los vehículos.

Al igual que el canon de arrendamiento en las centrales de transporte, dado que a sus arcas no ha entrado un peso desde hace cuatro meses. La Gobernación de Norte de Santander analizaba ayer el texto de la carta dirigida por los empresarios, en la que le solicitan mano dura contra el transporte pirata. Asimismo, el secretario de Hacienda Departamental, Oscar Gerardino, hacía lo mismo en torno a la solicitud de que se exonere el cobro de estampilla de desarrollo fronterizo. La Policía de tránsito anunció de igual manera que intensificará los controles al transporte pirata.

‘No hay autoridad para el transporte pirata’

La piratería en el transporte es vista por los empresarios de transporte formal como la otra pandemia, distinta del coronavirus, que los está exterminando.

Si hay quienes están exponiendo al riesgo de contagio de la COVID-19 a la población de los distintos municipios, esos son los transportadores piratas, “contra quienes no hay control ni autoridad que valga en el departamento”.

En la carta que los empresarios del transporte intermunicipal le dirigieron al presidente Iván Duque, al gobernador Silvano Serrano, y a los alcaldes del departamento, piden mano dura contra el transporte pirata.

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La información que conoció La Opinión del fuerte impacto que les ha dejado el coronavirus y la piratería en el transporte de pasajeros es contundente: la empresa Cotrasunidos reveló que ha dejado de percibir en los últimos meses 300 millones de pesos.

También ha suspendido y liquidado contratos de sus planta de trabajadores en un número de 27. Por su parte, Coopmotilón también reportó pérdidas por 345.726.167 millones de pesos solo en los meses de abril y junio. Extra Rápido Motilones vio disminuir sus ingresos en un 90 por ciento, además de que da empleo a 250 trabajadores.