La racha de delitos que sacude a Cúcuta desde el año pasado obligó a las autoridades a endurecer los controles y a reforzar las medidas en materia de vigilancia para recobrar la tranquilidad y garantizar plenas condiciones de seguridad a los ciudadanos.

Tras cuatro horas de análisis, que se prolongaron hasta al atardecer con un encuentro con el vicepresidente Germán Vargas Lleras; el alcalde, César Rojas; el gobernador, William Villamizar, y los concejales, surgió  un paquete de medidas para hacer frente a la inseguridad.

Varias exigencias que se plantearon en el consejo de seguridad esperan respuesta del Gobierno Nacional; por eso, ayer le fueron transmitidas a Vargas.

Se trata de un cambio en las políticas migratorias en frontera colombo-venezolana, haciendo especial énfasis en un control más efectivo por parte de Migración Colombia hacia los ciudadanos que pretendan ingresar al país por los pasos internacionales establecidos en el área metropolitana de Cúcuta.

En este mismo orden, también se solicitó la restricción del ingreso a personas indocumentadas o que no tengan documentación idónea que pueda aseverar su identidad.

Se concluyó también que se requiere apoyo administrativo y financiero para las autoridades migratorias regionales.

Un punto en el que Rojas había hecho énfasis la semana pasada tiene que ver con el aumento del pie de fuerza, al igual que con el refuerzo con equipos tecnológicos para ejercer un control más eficaz contra la delincuencia urbana.

Otra medida adoptada fue aumentar la presencia del Ejército a lo largo de los límites fronterizos con San Antonio y Ureña.

Se le solicitó al Gobierno Nacional crear una ley especial mediante la cual se permita realizar la internación de vehículos y motocicletas de placas venezolanas, con el fin de tener un control idóneo sobre la propiedad, la ubicación y registro de estos automotores, ya que estos vienen siendo utilizados en los distintos delitos que se cometen en el área metropolitana.

También se solicitó contemplar la posibilidad de ampliación o creación de una nueva cárcel para Cúcuta, debido a que el actual hacinamiento en la penitenciaría llega a un 300 por ciento de su capacidad máxima.

Los ediles de Cúcuta aprovecharon para solicitar también a la policía incrementar la vigilancia en los barrios de las comunas 3 y 4, próximos a los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, debido a que en los últimos días se ha incrementado el accionar delictivo por parte de ciudadanos venezolanos.

También exigieron más controles de la Policía en las trochas, a fin de que se detenga el contrabando de carne, combustibles y automotores.

Se conocieron denuncias de un incremento desbordado de carros de contrabando que están siendo ingresados a territorio nacional por las trochas y que, según los concesionarios de carros colombianos, atenta contra contra la estabilidad del sector.

En el informe que presentó la Policía en el consejo de seguridad, se dio a conocer que a la fecha se contabilizan un total de 249 capturas de ciudadanos venezolanos y un total de 406 deportados.

El año pasado fueron víctimas de homicidios por parte de venezolanos 5 personas en el área metropolitana. En la presente semana el sector más azotado por la delincuencia fue el comercial.