Tanto en Cúcuta como en Ciudad Juárez la presencia de actores armados, las formas de economía y los oficios desempeñados por mujeres están relacionados con los feminicidios del lugar. Cabe resaltar que según el Ministerio de Salud, Norte de Santander ocupa en Colombia el octavo lugar en mayor incidencia de violencia contra la mujer.
Para Alejandra Rodríguez, vocera del proyecto La Humanidad no tiene Fronteras, dos aspectos importantes han incidido en el incremento de la violencia contra la mujer en el departamento: el conflicto armado, que aumenta el riesgo de esclavitud y explotación sexual, y la doble discriminación a mujeres venezolanas, estigmatizadas tanto por su nacionalidad y usadas para el sexo transaccional.
Por otra parte, señaló que según estudios realizados por la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario (Corprodinco), se logró identificar que la falta de regularización en documentos para personas en condición de frontera es una barrera para acceder a garantías laborales y que esto lleva a que las mujeres sean un punto fijo de violencia al verse involucradas en explotación laboral, explotación o comercio sexual y hacinamientos en refugios.
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Leidy Vera, activista y directora de la corporación Mujer, Denuncia y Muévete, dijo que la organización ha trabajado para atenuar estigmas y visibilizar la problemática.
“Se ha hecho acompañamiento en las zonas de tolerancia para quitarles la concepción de que por ser mujeres venezolanas no se desvalorizan como el bolívar”, dijo. “En el 2018, fueron asesinadas 25 mujeres en el Catatumbo, según patrones encontrados la mayoría fue a vender su cuerpo hasta estas zonas y esto se debe dar a conocer”, aseguró.
Ante el trabajo sexual, Meilyn Gómez, Coordinadora Departamental de la Red de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica, indicó que en Norte de Santander no existe un registro que diga cuántas mujeres transgénero venezolanas están ejerciendo esta labor y que por tanto cuando son violentadas el hecho es invisibilizado.
La mexicana Julia Monárrez, doctora en estudios de la mujer y relaciones de género, contó que en su país el Observatorio Nacional de Feminicidios ha sido útil a la hora de desmentir las cifras del estado, pues ellos mismos son quienes hacen el recuento y la investigación para dar a la comunidad una visión alternativa utilizando la ‘evidencia inteligente’ a su favor.
“A través del sistema de información geográfico se ha logrado tener cifras reales. El estado debería ser consciente que la prevención es más barata que el restablecer derechos, pero no, en Juárez como acá, se evade el tema de feminicidios por miedo a que la inversión extranjera no llegue directamente” dijo Monárrez.
Agregó que la invitación es a hacer actos simbólicos que obliguen a la comunidad a despertar del silencio y la indiferencia que guarda frente al dolor de las víctimas, ya que esto termina afectando la imagen del rol que tiene la mujer en la sociedad.
Geraldine León - Practicante de periodismo
