Contrariados por las declaraciones del director del Fondo de Valorización (Fondova), Marcos Carrero, e inconformes con la solicitud que presentó esta entidad junto con la Secretaría municipal de Hacienda para aplazar el control político citado para este viernes en el Concejo de Cúcuta, los integrantes de la corporación manifestaron su rechazo y coincidieron en decir que la administración presentó condiciones distintas a las que se ejecutan para cobrar la valorización.
Para el concejal Juan Capacho es urgente que se dé claridad a la ciudadanía sobre lo que se está cobrando y señaló que “ellos han sido especialistas en pervertir la información, y no me parece justo que vengan a lavarse las manos con el Concejo”, razón por la que insistió en que la Contraloría y la Procuraduría vigilen la valorización y hagan una auditoría especial.
Por su parte, Bachir Mirep lamentó que las entidades, especialmente el Fondo, no den las explicaciones que se requieren y advirtió que “el Concejo no hace política con los impuestos de los cucuteños”.
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Agregó que es posible que Carrero no haya leído las las actas ni conozca lo que se debatió para que se hiciera el cobro, y que incluyó aspectos como: cercanía a la obra; estrato socioeconómico; beneficio directo del inmueble y uso del inmueble, pero sin que se superara el 3 por ciento del valor del avalúo, tal como expuso la Alcaldía.
(Según este cuadro que se expuso en el Concejo, es claro que los valores que pagarían los contribuyentes son inferiores a los que se cobran en la actualidad. Ante esto, el Fondova expresó que lo presentado allí fue la prefactibilidad, pero los concejales no se explican cómo si eran valores estimados e inferiores, el recaudo total superaba los 235 mil millones de pesos que se aprobaron para las obras.)
César Arbey Torres, coincidió con Mirep al decir que “el director no estuvo presente cuando se hizo el estudio y se aprobaron los megaproyectos”, y consideró necesario que la comunidad conozca las actas de aprobación, publicadas en la página web del Concejo, pues “una cosa es la que presentaron y otra la que están haciendo”.
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Carlos Camero, declaró que uno de los problemas del cobro estaría en el sistema que usa la secretaría de Hacienda con el Fondova, del cual salen las liquidaciones, y reiteró su solicitud para que se haga una auditoría al programa.
“Si el contribuyente paga 431 mil pesos no pueden ser casi 300 mil pesos de valorización, porque supera el porcentaje que se aprobó, de acuerdo con el estudio”, dijo, y comentó que llevará, al igual que otros concejales, facturas de contribuyentes para demostrar que el porcentaje es superior al aprobado, “y vamos a ver quién es el mentiroso”.
También calificó de irresponsables las aseveraciones de Carrero, y recordó que con la actual administración no es el primer caso, dado que “aquí se aprobó que en un año se cambiarían los semáforos y qué dijo el gerente de la concesión: que se haría en cinco años; entonces, una cosa es la que aprobamos acá y otra la que se hace”.
“Si tienen que rodar cabezas dentro del ejercicio de moción de censura, que se haga”, agregó.
El Concejo no creó nada
Entre tanto, el concejal Leonardo Jácome explicó que no es el Concejo el encargado de presentar proyectos tributarios, sino que todos provienen de la Alcaldía.
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“Nosotros no creamos el Fondo”, dijo. “Esa no era nuestra iniciativa, sino que la administración la solicita para poder apalancar el préstamo”, expresó.
Comentó que el Concejo ha sido “excesivamente cuidadoso al momento de aprobar un proyecto”, y que por ello no se desconoció ni la realidad social y económica de la ciudad ni la infraestructura que se necesita.
Señaló que es urgente que se den explicaciones claras a los contribuyentes, que aún desconocen lo que deben pagar, e insistió en que en todo caso los cobros son costosos, en especial para los estratos bajos.
Los concejales Oliverio Castellanos y Guillermo León Báez, aseveraron que se le mitió al concejo y a los contribuyentes, y propusieron que se ajusten las tarifas, y de ser necesario se prioricen las obras, en vista de que no se ha hecho lo que se aprobó en el Concejo.
Mientras, Carlos Abreo insistió en que el escenario para controvertir es el Concejo y no los medios de comunicación, y sostuvo que “las verdaderas declaraciones deberían ser en el sentido de revisar el procedimiento de cobro”, dado que el objetivo de la corporación es “que se aplique lo que aquí se debatió”, pues el cobro actual es injusto.
Por su parte, Óscar Sanabria reiteró que fue la comunidad la que votó por la valorización, y aunque dijo que el Concejo nunca se ha opuesto al avance de la ciudad, comentó que hasta el momento “no veo que vayamos a ser esa ciudad que queremos, por los problemas del ejecutivo”.
Víctor Suárez, aunque hizo un llamado a “la cordura, la tranquilidad y la claridad” señaló que se volvió costumbre que se digan mentiras al Concejo, y manifestó que la discusión “debe subsanarse ya”, pues la única perdedora es la ciudadanía.
Las excusas
El director del Fondova expresó que para este viernes estará ádelantando trámites propios de su entidad en Bogotá, mientras que el secretario de Hacienda, Luis Javier Chaves también explicó que estará fuera de Cúcuta ejecutado labores de su cargo.
La excusa del primero se radicó el 20 de marzo, a las 6 p.m.; la del segundo, se presentó ayer, pasadas las 9 a.m.
Dichas solicitudes, al igual que un permiso que pidió el alcalde, César Rojas, para ausentarse del país del 25 al 30 de marzo, serán estudiadas hoy y puestas a consideración de la plenaria.
Así mismo, se exigió a ambos funcionarios entregar las pruebas que acrediten la agenda, trámites y labores que estarán ejecutando en sus respectivos destinos, pues durante la sesión se advirtió que no habrá permisividad para los secretarios e incluso se pidió al alcalde llamar al orden a los secretarios con el fin de que se acaben las ruedas sueltas.
