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Fosyga nunca nos ha pagado: Huem

Domingo, 16 de Octubre de 2016
En su mayoría, cuentas que reclaman son por servicios prestados a pacientes heridos en accidentes de tránsito.

Caro. Así le está saliendo al gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem), Juan Agustín Ramírez Montoya, cumplir con su deber.

A su llegada en abril de 2012 a ese cargo, se encontró con un hospital en vía de liquidación, postrado y con la respiración a punto de detenerse, debido a la millonaria cartera morosa por deudas de servicios prestados, entre estos al Fondo de Seguridad y Garantía (Fosyga), y a las Empresas Prestadoras de Salud, que con el mayor descaro descargaron en el centro asistencial su responsabilidad de atender a sus usuarios.

Ramírez debía moverse con estrategia si quería sobrevivir en el intento de ser gerente del primer hospital del oriente colombiano, el único de segundo y tercer nivel de Cúcuta que atiende a 39 municipios más el sur del César, Arauca y Venezuela.

En solo pasivos tenía por sanear más de $54.000 millones y una cartera de más de $30.000 millones con las EPS, más la del Fosyga por $14.000 millones.

Reducir nómina, cancelar gastos suntuarios, priorizar necesidades, sanear focos de corrupción y superar el desgreño administrativo y asistencial llevaron a Ramírez a tener éxito en el saneamiento de gran parte de la cartera, así como en la meta de enderezar el camino por el que iba el Erasmo Meoz.

Sin embargo, en la tarea que se propuso cumplir como gerente, la de recuperar los $14.000 millones que por servicios prestados le debía el Fosyga al hospital, el gerente se ha visto inmerso en una investigación que le abrió la Fiscalía y que lo tiene ahora como si fuera él quien debiera la plata.

La novela, que ya completó cuatro años en los estrados judiciales, alcanzó su máxima ebullición a comienzos del presente mes cuando el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, reveló en un foro de la Dian el ‘Top 5 de la corrupción en la salud’, el cual encabeza el Hospital Erasmo Meoz. Para sorpresa de Ramírez, el motivo por el cual se le acusa no es otro que por la plata que desde 2013 le está reclamando al Fosyga.

Los mayores sorprendidos con el presunto recobro de la deuda, en que según señala la Fiscalía estaría incurriendo  el hospital, fueron los mismos abogados que están al frente de los tres procesos que se abrieron en 2013 y 2014 para exigirle al Fosyga el pago de la deuda, cuya cuantía global a la fecha asciende a cerca de $23.000 millones.

Su sorpresa está soportada en el hecho de que en ninguno de los procesos de cobro de la deuda el Fosyga ha desvirtuado las cuentas que se le pasaron por servicios prestados. La Opinión conoció que en las citaciones que le han hecho los juzgados al citado fondo varias de sus respuestas son que hay facturas glosadas y que las cuentas del Ministerio de Salud son inembargables.

Sin embargo –dicen los apoderados del hospital- nunca el Fosyga ha presentado tales facturas glosadas.

De todo el pleito y luego de embargadas las cuentas del Ministerio de Salud por el Juzgado Primero Civil del Circuito, dicha cartera interpuso un recurso de reposición contra el mandamiento de pago, pero el despacho judicial lo confirmó.

En otro intento de defensa, el Minsalud y la misma Procuraduría General de la Nación  interpusieron ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala de Decisión Civil-Familia, excepciones al auto que decretó las medidas, pero allí se confirma también la decisión del mandamiento de pago, es decir, ‘los recursos del ministerio sí son embargables’.

Frente a esto, el Fosyga procede a interponer una tutela por la vía de hecho contra la providencia judicial , argumentando que eran recursos inembargables.

Esta tutela fue a la Corte Suprema de Justicia y allí tampoco se cambió la decisión, pero se solicitó que se ampliaran las consideraciones de la sentencia.

Lo que mantiene entrabado el proceso, según los apoderados del hospital,  es que se ordene por parte del juzgado que el Fosyga entregue el dinero al Hospital, porque el dinero continúa embargado. 

No obstante, una omisión que se produjo al momento de emitirse el mandamiento de pago fue el hecho de que no se notificara del mismo a la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, lo cual fue aprovechado por el Fosyga para solicitar la nulidad del proceso, lo que a la postre se produjo.

Ante esto, los apoderados del hospital interponen recurso de apelación y en el Tribunal de la Sala Civil del Circuito de Cúcuta el magistrado Guillermo Ramírez manifiesta que efectivamente hay que declararse la nulidad, pero las pruebas presentadas hasta el momento quedaban incólumes, es decir, intactas.

Los procesos

Uno de los procesos, el 045, cursa en el Juzgado 1 Civil del Circuito de Cúcuta, se inició a comienzos de 2013 por $6.000 mil millones y ya va en $16.000 millones, con intereses, costas y con capital.  En este proceso, según los apoderados del Hospital Universitario Erasmo Meoz, el Fosyga en ningún momento se ha acercado a hacer algún acuerdo de conciliación. Ni tampoco ha presentado en ese estrado judicial pruebas que refuten lo que se le está cobrando.

Otro de los procesos cursa en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Cúcuta por valor de solo capital, según mandamiento de pago ordenado mediante auto de fecha 7 de octubre de 2014, por valor de $1.505 millones más intereses.                        

Un tercer proceso cursa  en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, por un valor de solo capital por $972 millones, sin incluir intereses.

La Opinión consultó al Fosyga por estas deudas y la respuesta que dio el funcionario de ese fondo, Álvaro Rojas, fue que el Hospital Universitario Erasmo Meoz presentó reclamaciones (de pago por servicios prestados) que se derivan de accidentes de tránsito, eventos de terrorismo y catastróficos, especialmente por accidente de tránsito.

Señaló que se habían identificado posibles irregularidades asociadas a que, por ejemplo, se pretenda cobrar algo que el Fosyga ya ha pagado (al hospital). Agregó que producto de esto procedió a poner en conocimiento de las autoridades, entre ellas a la Fiscalía, la situación, para que se entrara a investigar si en efecto había alguna irregularidad o no.

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