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Fricciones en la Alcaldía de Cúcuta por contrato

Lunes, 23 de Diciembre de 2019
El alcalde César Rojas emitió un reclamo por interventoría en relleno sanitario.

El polémico contrato para constituir una interventoría en el relleno sanitario con financiación directa de los usuarios del servicio de aseo, dejó al descubierto una profunda grieta que tiene dividido al equipo de gobierno del alcalde César Rojas, a pocos días de abandonar la administración municipal.  

En medio de la controversia desatada por esta convocatoria pública, que adelanta el secretario de Planeación, Jorge Omar Gandolfo, el mandatario local fijó su posición y se distanció de la formulación de este proceso contractual, con una airada circular en la que desautoriza a su subalterno para suscribir este convenio.

Hace cuatro días, Rojas remitió un oficio de dos páginas al despacho de Gandolfo increpándolo sobre su falta de competencia para dirigir licitaciones de este tipo. 

Los interrogantes, escribió el gobernante, obedecen a la denuncia publicada en La Opinión y a una solicitud expresa que elevó el acalde electo Jairo Yáñez frente a este acto administrativo, cuya fuente de financiamiento se hará vía tarifa, es decir, se aumentará el valor que se les cobra a los usuarios por el servicio de aseo y serán estos quienes terminan asumiendo el costo de esta interventoría.

El contrato a 6 años estipula un pago mensual de 140 millones de pesos, lo que significa que al culminar su vigencia, la ciudadanía terminará pagando 10.080 millones de pesos.

“Ese despacho no entiende en qué norma o acto administrativo procede usted a adelantar este proceso de selección, siendo que por disposición legal la competencia para dirigir licitaciones o concurso, y para celebrar contratos estatales en el ente territorial, es el alcalde”, señaló Rojas.

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Entrelineas, el funcionario reveló una actuación de su subalterno, que se considera grave por contravenir el ordenamiento jurídico. Aseguró que la oficina dirigida por Gandolfo no estaba facultado para adelantar este proceso contractual, puesto que no contaba con la asignación presupuestal para desarrollar dicha gestión.

Para Rojas, este secretario debió suspender la diligencia contractual ante este agravante y mientras la justicia entregara su concepto frente a una tutela que se interpuso sobre la contratación de este servicio de interventoría.

“Así las cosas, doctor Gandolfo (sic), lo conmino para que de manera inmediata impulse las acciones legales que correspondan a efectos de evitar los recursos públicos por vía indemnizatoria a través de acciones judiciales, que con seguridad se intentarán (interponer), por cuenta de este procedimiento irregular”, puntualizó el alcalde-.

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Abuso de poder

Por este proceso, la Procuraduría Provincial remitió un informe preventivo, advirtiendo sobre presuntos hechos irregulares en la formulación del pliego de condiciones de esta licitación pública.

Para el abogado Martín Alberto Santos Díaz, especialista en derecho penal y administrativo, Gandolfo estaría incurriendo en un abuso de poder por arrogar funciones que le pertenecen únicamente al Alcalde por ejercer como representante legal del municipio.

“Causa sorpresa por ver este tipo de actuación administrativa, que viene adelantando la Secretaría de Planeación sin contar con ninguna autorización  o delegación expresa por parte del representante legal de la ciudad para llevar a cabo esta designación de un interventor en el relleno sanitario”, indicó el jurista.

En concepto del profesional, este procedimiento pierde toda validez al no contar con el visto bueno de la primera autoridad de Cúcuta.

Además de esta posible extralimitación de funciones, el funcionario podría afrontar una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría y una inminente inhabilidad, por celebrar un contrato, sin requisitos legales.

El único oferente

La polémica de esta licitación pública para contratar una interventoría en el relleno sanitario, no reside únicamente en la forma de financiamiento.

El proceso contractual solo tiene un único oferente, cuyo registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Cúcuta se adelantó en noviembre de 2019, con un capital de 300 millones de pesos.

Su nombre es Auditorías e Interventorías Medioambientales y de Servicios Públicos Valores S.A.S.

El gerente de esta sociedad, que fue legalizada con tres actividades económicas,  es Anyelo Hernán Moncada Vargas, identificado con la cédula 13’493.681 

El empresario se desempeñó como auxiliar administrativo del concejal de Bogotá, Andrés Camacho, quien fue condenado a casa por cárcel por su implicación en el escándalo del carrusel de la contratación del exalcalde Samuel Moreno Rojas.

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