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¿Hacia dónde apuntó el atentado contra la Brigada 30?

Jueves, 17 de Junio de 2021
El atentado dejó al descubierto el déficit en materia de contrainteligencia que se traduce en la falta de previsión y evaluación del riesgo para una de las unidades militares más importantes del Nororiente Colombiano.

El ataque contra la Brigada 30 en la Ciudad trae de nuevo la zozobra y la impotencia a la ciudad. Aunque las investigaciones en estos casos requieren tiempo, la inteligencia colombiana ha sido efectiva en resolver estos casos en el pasado reciente. Por ello, atendiendo a los patrones de ataques anteriores, el gobierno ha señalado al Eln como el presunto responsable del ataque que sacudió a la capital de Norte. ¿Cuales son los antecedentes y el contexto de las hipótesis con la información que se conoce hasta el momento?

El ataque tiene la marca del Frente Urbano Nacional del Eln. Un frente relativamente joven dentro de la organización creado a partir del IV congreso del Eln pero que se ha vuelto central dentro de la estrategia del grupo armado desde el V congreso celebrado en el 2014. Es así como en el 2018 este frente atacó una Estación del Policía en Barranquilla dejando un saldo de seis policías muertos y 42 heridos. Un año después haría lo propio en la Escuela General Santander de la policía al sur de Bogotá, dejando 23 muertos, lo que llevó al gobierno Duque a suspender todo tipo de acercamientos con esta guerrilla e iniciar una ofensiva en su contra. 

Contrario a lo esperado, el Eln se ha fortalecido en el último cuatrienio. Hoy no solamente un ejército más numeroso, con mayor cobertura geográfica, y más adinerado que antes, sino que además es también un ejército binacional. Gran parte del fortalecimiento de la organización en Norte de Santander y en la región fronteriza se debe justamente a la ventana de oportunidad que creó el cierre de frontera para que el Eln y otros grupos se hicieran con el control de pasos informales y se convirtieran en autoridades de facto en materia fronteriza y migratoria. 

Aunque el ministro Molano no descartó que el atentando pudiera ser el producto de una alianza entre el Eln y alguna de las disidencias de las Farc, este escenario no parece probable dado el contexto actual. 

En primer lugar, las características del ataque requieren de un nivel de compartimentación y de confianza que está lejos de la relación de respeto y no agresión que mantienen el Eln y las disidencias del Frente 33 de las Farc. A pesar de que el Eln respeta militarmente a esta disidencia, los arreglos entre grupos armados en el Catatumbo han demostrado ser frágiles y dependientes de las dinámicas de las economías ilegales. 

En segundo lugar, tanto el Frente 33 como la Segunda Marquetalia se encuentran en una fase de consolidación militar lo cual sugiere que los incentivos que tienen para atacar a la fuerza pública con una acción que provocará una respuesta contundente son muy bajos. 

La prioridad del Frente 33 es hacerse fuerte en Tibú, recuperar su base social y crecer militarmente.  Esto lo ha llevado a incrementar la violencia contra la población civil, especialmente mujeres que considera cercanas a la fuerza pública.    

Por su parte, la segunda Marquetalia sigue intentando incursionar en el Catatumbo de manera decidida y ya logró alinear a Jhon 40 – uno de los principales intermediarios del narcotráfico- dentro de sus filas. Ampos grupos riñen entre sí y hasta el momento se desconocen los efectos que el conflicto en Apure con el frente décimo pueda traer para la relación entre ambas disidencias. 

 

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Quiniento millones de pesos de recompensa anunció el Gobierno Nacional.

 

El atentado

El atentado revela al menos tres fallas dentro de la estrategia del Gobierno en Norte de Santander. 

Primero, deja al descubierto déficit en materia de contrainteligencia que se traduce en la falta de previsión y evaluación del riesgo para una de las unidades militares más importantes del Nororiente Colombiano. 

Segundo, es inaceptable que en un contexto tan militarizado como en el que están acostumbrado a vivir los nortesantandereanos, el presunto atacante haya entrado pero sobre todo salido del Cantón Militar con tanta facilidad. Por ello la contundente decisión de relevar a gran parte de la oficialidad de la Brigada. 

Tercero, refleja el deterioro de la seguridad en Cúcuta y su área metropolitana. La única capital del país con cultivos de coca en su zona rural en la que el homicidio viene aumentando de mantera sostenida desde el 2020 sin que la administración local haya logrado revertir la tendencia.

Una ciudad en la que la delincuencia se ha impuesto en barrios periféricos de la ciudad con sus propios servicios de seguridad y en los que la extorsión es el pan de cada día. En últimas refleja la manera en la que ni la ciudad, ni la región, ni la frontera son una prioridad para los tomadores de decisión en Bogotá. 

En últimas, el gobierno mantendrá la iniciativa militar y la ofensiva contra los cultivos ilícitos. Es la base de su política de seguridad.  Sin embargo, la paradoja – para pena de los nortesantandereanos- es que esta capacidad coercitiva del estado no se ha traducido en una disminución de la violencia. Por el contrario, llevará a que formas de victimización que considerábamos habían quedado atrás, como el desplazamiento forzado y el uso de minas antipersona, sigan aumentando. 

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