El Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, considera que la Ley de Garantías, tal como está concebida, a lo que está conllevando a los entes territoriales, gobernantes, directores de institutos y agentes locales es a cometer errores.

Sustentó esto en el hecho de que los gobernantes deban contratar en 15 días lo que deben hacer en cuatro meses.

Dijo que este año, la Ley de Garantías entró en vigencia el 26 de enero y la cifra a contratar fue superior a los 3 billones de pesos, pero la contratada tres días antes fue de un billón de pesos.

“Qué principio de planeación se puede respetar ahí cuando luego los ejecutores del gasto salen a decir que el mismo auditor los va a salir a castigar por haber dejado la plata en los bancos. No es ejecutar por ejecutar, sino poder hacer una verdadera planificación de los recursos”, dijo Rodríguez.

Por último, llama la atención de la Auditoría General de la República la violación a la citada normatividad, por cuanto la administración territorial suscribieron 86 contratos que superan los $3.146 millones con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley (entre el 27 y el 31 de enero).

Entre estos contratos figura uno en La Playa de Belén, Norte de Santander, por valor de $318 millones.

El gobernador William Villamizar, indicó que la Ley de Garantías, tal como está planteada hoy conlleva a cometer errores a las administraciones, porque obliga a que se comprometa el presupuesto en muy corto tiempo.