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Miércoles, 24 Enero 2018 - 4:40am

Huem: justicia resolverá caso de ordenanza

La ordenanza 020 de 2017 modifica el recaudo y destinación de la estampilla pro-Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Archivo
La mayor preocupación en la institución radica en la pérdida del 20 por ciento de los recursos que se recaudaban, y la inclusión de atención a población extranjera.
/ Foto: Archivo

La polémica por la ordenanza 020 de 2017 que modifica las condiciones de recaudo y destinación de la estampilla pro-Hospital Universitario Erasmo Meoz deberá ser aclarada por la justicia.

Así lo confirmó el gerente del hospital Juan Agustín Ramírez, quien expresó que con las dos últimas administraciones departamentales se ha tratado de aclarar que el destino de los recursos de la estampilla es directo, pero ante el concepto de la asesoría jurídica del departamento, “quien debe dirimir la controversia, y para evitar las especulaciones, lo mejor es que un juez de la república defina quién tiene la razón”, dijo el funcionario.

Así mismo, recordó que se debe aclarar que la ordenanza inicial, 049 de 2001, se creó en cumplimiento de la ley 645 de 2001, pero un primer cambio que sufrió el documento por parte de la Asamblea, en 2004, cambió el destino de la estampilla, “al ver que generaba buenos réditos y había dificultades en pago de población pobre no afiliada”.

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Ramírez fue enfático en decir que desde 2012, al inicio su administración, procuró que no hubiese intermediación en la estampilla y señaló que la nueva modificación genera un “sombrío panorama”.

“La estampilla venía funcionado así desde 2004 y si el recaudo lo debe hacer la secretaría de Hacienda y no el hospital, pues que demanden a los diputados de ese entonces”, afirmó. 

Agregó que las condiciones de la ordenanza 020 afectan al hospital porque se dejaría de recibir el 20 por ciento del recaudo, 4.200 millones de pesos, que se destinarían al Fonpet.

La institución hospitalaria aún cuestiona, entre otros aspectos: cuál es la razón para suplir a la Nación en el pago de atención a población pobre no afiliada por situado fiscal y a la extranjera; si se midió el impacto sobre la operación del Hospital; ¿quién asumirá la responsabilidad por el no pago oportuno de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios del Hospital, y la suspensión de los servicios asistenciales a la población pobre?; por qué el gobierno departamental no ha gestionado el pago de la cartera que supera $200 mil millones, sobre servicios ya prestados; y por qué no se tuvo en cuenta a la administración hospitalaria antes y durante el trámite de la ordenanza 020.

Estos interrogantes son los que deberá tener en cuenta el ente departamental y la asamblea, debido a que con la modificación de la ordenanza, se desconoce qué ocurrirá con dichos rubros que, sumados a las deudas de las EPS, afectarían la poca liquidez que tiene el hospital para funcionar. 

La Opinión

@laopinioncucuta

Medio de Comunicación de los nortesantandereanos.

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