No valieron las explicaciones de la gerente de Imsalud, Katherine Calabró, al Concejo de Cúcuta sobre lo ocurrido con la concesión de los servicios de ortopedia y traumatología del Policlínico de Atalaya, pues al final ni los concejales ni la ciudadanía se convencieron de la conveniencia del proceso.

Si bien la funcionaria explicó que el proyecto de creación de un centro de trauma existe desde 2014, está incluido tanto el documento de red del departamento como en el plan bienal, y que la junta directiva de Imsalud conoció la iniciativa, la conclusión no le resultó favorable.

El motivo: la contradicción de lo expuesto la semana anterior por el Instituto Departamental de Salud (IDS), y la Secretaría de Salud, situación ampliamente criticada y dejada en manos de los organismos de control, en quienes los concejales depositaron la responsabilidad de establecer si alguien miente.

Mientras la ciudadanía afectada exhibía carteles que señalaban la privatización como una práctica de “corruptos”, los concejales coincidieron en negar cualquier apoyo al proyecto.

Víctor Suárez, invitó a la gerente a “pasar a la historia como la persona que dejó esto hasta ahí, y no como quien empezó a privatizar el sistema de salud”.

El concejal consideró que lo ocurrido en el proceso sí era “un negocio para que un privado se quedara con algo que construyó por 10 años la ciudad”, y señaló que tanto la junta directiva como la gerente deben asumir sus responsabilidades, en especial porque cada uno dio versiones diferentes sobre un mismo hecho.

Por su parte, el concejal Bachir Mirep, dijo que los argumentos de Calabró no lo convencieron, y cuestionó que se contemple la idea de reanudar el proceso, pese al riesgo de que se pierda un bien público.

Recordó además lo ocurrido con la concesión de tránsito y los sopresivos cambios en el contrato, que le llevaron a señalar que no permitirá nuevos engaños.

Entre tanto, el concejal Óscar Angarita afirmó que con cada paso dado, la administración da más muestras de improvisación y de que no sabe para dónde va.

Mientras, el concejal Óscar Sanabria resaltó que “a cualquier conquista el negocio” presentado por Imsalud, y manifestó que las explicaciones llegaron tarde, luego de dudas que solo llevaban a pensar que había “algo escondido”.

De parte del concejal Oliverio Castellanos, se indicó que en efecto el proyecto se conocía por parte del Concejo y está en el plan de desarrollo, pero nunca se avaló para privatizar un servicio, o para hacerle daño a la ciudad.

El concejal Carlos Abreo, lamentó que se ignoraran todos los procedimientos legales, que nunca se hubiesen allegado los estudios, y dijo que debe haber otros mecanismos de obtención de recursos que no impliquen entregar desproporcionadamente el servicio.

Finalmente, el concejal Carlos Camero recomendó la urgencia de analizar la conveniencia del proyecto, y la competencia para adjudicar en concesión un servicio como este, con el fin de que se evite prevaricar.

Lo que dijo la gerente

Según Calabró, la cantidad de accidentes y lesiones ocurridas en accidentes de tránsito justifican la necesidad de crear un centro de trauma que, además, descongestione el hospital Erasmo Meoz.

Los datos presentados por la entidad, dieron cuenta de 734 heridos en Cúcuta, 25 casos en El Zulia y 77 en Los Patios, para 2016.

Además, del total de las atenciones anuales, que suman 1.442, es decir, un índice diario de 3.89 atenciones diarias garantizarían la sostenibilidad de la inversión en recurso humano, funcionamiento y tecnología relacionada con trauma.

Pese a ello, Blanca Cruz, contralora municipal, solicitó que fuesen allegados al ente de control los estudios técnicos en los que se amparó el proyecto; la viabilidad financiera, y copias de las actas y audios del Concejo, relacionadas con el tema.