La Procuraduría General de la Nación halló responsable al exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular de Cúcuta, Luis Fernando Páez Carrascal, de no incluir en el presupuesto de la entidad el rubro para cancelar el servicio público de electricidad.
Por esta razón, el ente lo sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años, por omisión de sus deberes. “Páez Carrascal incumplió el pago de 19 facturas emitidas por CENS Grupo EPM, adquiriendo una deuda por $95.431.019, más $6.948.944 de intereses”, precisó.
Según el Ministerio Público, el exfuncionario adelantó un acuerdo de pago con CENS el 30 de diciembre de 2015 y solo canceló la primera cuota por $15 millones de pesos, lo que generó que la empresa adelantara un proceso ejecutivo de cobro en el Juzgado Segundo Civil Municipal y que el Centro de Rehabilitación tuviera que cancelar un monto superior al pactado, por los intereses generados.
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El investigado incurrió en desatención elemental de sus funciones al no gestionar de manera adecuada los recursos que permitieran subsanar la deuda con la empresa y evitar el detrimento patrimonial por el incremento periódico de los intereses moratorios”.
El Procuraduría recalcó que Páez Carrascal quebrantó los deberes como gerente de la institución de salud y vulneró los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen y garantizan la función pública.
El Ministerio Público calificó la falta como gravísima a título de culpa gravísima y aclaró que la decisión de primera instancia podrá ser apelada por el investigado.
Ya había sido inhabilitado
Vale resaltar que en 2017, Páez Carrascal fue sancionado por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones como gerente del Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular para el periodo 2012-2015.
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La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa confirmó el fallo proferido en su contra a comienzos de ese año por la Procuraduría Regional de Norte de Santander, que ordenó su destitución e inhabilidad durante 12 años para el ejercicio de cargos y funciones públicas.
