El Defensor del Pueblo de Norte de Santander, Jorge Villamizar, llamó la atención de las autoridades locales por la superpoblación y hacinamiento que se vive en la penitenciaría de Cúcuta.
El llamado lo hizo en la plenaria del Concejo, a donde también acudieron voceros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para presentar una radiografía del estado actual del penal de la capital nortesantandereana.
Al hacer su intervención y para graficar el padecimiento que hoy viven los internos de la cárcel de Cúcuta, el Defensor del Pueblo advirtió a los concejales y al alcalde, César Rojas, que nadie está exento de caer a una cárcel “por cualquier error que podamos cometer”.
En este orden, precisó que es urgente que la Alcaldía y el Concejo unan esfuerzos para que se pueda contener el hacinamiento que llega hoy al 60 por ciento en una cárcel con capacidad para 2 mil 530 internos, pero que hoy alberga a 3 mil 700, sin contar con los 136 que están en las estaciones de policía.
Carlos Ramos, secretario jurídico del comité nacional del Sindicato del Inpec, manifestó que si bien la atención de los presos condenados es del resorte del Gobierno Nacional, hay una población que por ley sí es competencia de los municipios, como lo son los internos sindicados que, en el caso de Norte de Santander, ascienden a 1 mil 658, de los cuales 1 mil 70 son de Cúcuta.
Se hace urgente -dijo Ramos- suscribir un convenio con el municipio para brindar la atención necesaria a esta población de sindicados.
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El hacinamiento, dijo Villamizar, conlleva además a otros problemas graves como el deterioro de la salud, la alimentación y la convivencia.
Concejales como Jaime Marthey y Alexander Salazar expresaron su preocupación por sobrepoblación y las condiciones en que se encuentra el penal cucuteño, al tiempo que se comprometieron a intermediar ante el alcalde César Rojas para que se estudie la asignación de las partidas que por ley están destinadas a la atención de los presos sindicados.
