Una estudiante de segundo año de derecho, de la universidad Libre de Cúcuta, Isabella Jaramillo Pérez, se convirtió en la artífice del fallo de nulidad de las tarifas de plusvalía que pretendía hacer efectivas la Alcaldía.

Tras un año de litigio en el que Jaramillo defendió la tesis en favor de afectados del cobro, en el sentido de que las tarifas aprobadas en el acuerdo 040 de 2010 no correspondían a la realidad y por el contrario el municipio estaba abusando, el Juzgado VI Administrativo Oral de Cúcuta declaró su nulidad.

Esto deja sin efecto todos los actos administrativos y resoluciones de cobro de plusvalía expedidas en 2016, cuando se liquidó por primera vez el cobro por 170 mil millones de pesos.

En esa ocasión, dueños de predios afectados interpusieron recursos, argumentando de ilegal las liquidaciones, pero fueron negados la Alcaldía y confirmados para su pago.

Jaramillo consiguió en diciembre del año pasado que el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cúcuta emitiera una medida cautelar suspendiendo temporalmente el cobro de la controversial plusvalía, con cuyo recaudo el municipio pretendía financiar obras contempladas en el plan de desarrollo.

El municipio intentó enderezar el rumbo de su error al presentar un nuevo proyecto de acuerdo al Concejo para modificar las tarifas de participación de la plusvalía, ajustándolas a lo que dicta la ley 388 de 1997, sin embargo, expertos en derecho advirtieron que el municipio no podía hacer ninguna modificación a las tarifas estando en pie la medida de suspensión del cobro,