Una espesa capa de maleza recubre el Club de la Tercera Edad en Atalaya, el mismo proyecto al que en 2015 la Contraloría Municipal le puso el ojo al encontrar una serie de irregularidades administrativas.

Aunque el controvertido club empezó a construirse en 2011, mediante un convenio interinstitucional entre el Departamento Administrativo de Bienestar Social, en cabeza en ese entonces de Taíz del Pilar Ortega, y la Cooperativa Multiactiva Guasimales, nunca se puso en funcionamiento el centro recreativo.

Seis años después de iniciarse su construcción, el futuro del club que beneficiaría a unos 40 mil ancianos de la ciudad, sigue siendo incierto.

Ni siquiera la administración municipal tiene proyectado salvarlo.

Indira Pérez, actual directora de Bienestar Social, dijo desconocer sobre la suerte del club.

Aseguró  que la única información que tenía era que esta estructura estaba que se caía y la Contraloría estaba investigando. 

Y, efectivamente, la estructura está en riesgo de colapso, como se pudo comprobar en la evaluación técnica que se le hizo el municipio a esta estructura, donde se detectaron filtraciones en la piscina y grietas en los pisos.

Adicionalmente, los quioscos, que hacen parte de una inversión adicional  que se realizó en 2012,  cuando Jorge Acevedo estaba a cargo de Bienestar Social, están rodeados de maleza al igual que los espacios destinados para las canchas de tejo y rana.

Otro de los agravantes de este caso es que  ese mismo año, al recibir el club, Acevedo omitió hacer efectivas las pólizas de seguro de cumplimiento de entidades para garantizar la estabilidad de la obra, ya que, apenas 5 meses después de haber sido construida, esta ya presentaba grietas y fisuras.

Los dolientes del club

Luis Pineda, expresidente de junta de la Primera Etapa en Atalaya,  fue uno de los primeros comunales en denunciar esta irregularidad, y aseguró no entender como este club ya ha pasado por tres administraciones municipales y nadie responde.

“Sería bueno hacerle un llamado a la actual administración, ya que ha pasado un año y dos meses y no se han pronunciado con ese fraude de las administraciones anteriores”, indicó Pineda.

Incluso, los más afectados, los ancianos de las 300 asociaciones de la tercera edad del municipio, sentaron su voz de protesta  en octubre de 2014, julio de 2015 y enero de 2016.

Con pancartas y arengas se aglomeraron en la entrada del club para exigir al municipio adecuar este espacio y ponerlo en servicio. Sin embargo, sus peticiones tampoco tuvieron eco.

La piscina nunca fue utilizada y hoy es un estanque de aguas verdes. 

Bachir Mirep, concejal de Cúcuta, explicó que el año pasado se le realizó un control político al Departamento de Bienestar Social donde se sacaron a relucir las investigaciones fiscales en el caso del club.

“Se supone que este proceso va en curso pero todavía no hay un fallo de responsabilidad fiscal. En el próximo control político a esta dependencia vamos a indagar de nuevo sobre esta situación porque no ha habido avance alguno”, explicó.

Mirep aseguró que a penas salga el fallo fiscal el Concejo estará al pendiente para analizar qué posibilidad hay de recuperar este espacio o de utilizarlo para un nuevo fin.

Por su parte, el concejal Jaime Marthey, dijo estar inconforme con la  negligencia de la Contraloría que no ha ejercido el control fiscal que le corresponde.

“Si la Contraloría ya hubiera actuado pues ya hubiésemos tenido resultados al respecto”, indicó.

Marthey aseguró que se ejercerá un control político sobre la Contraloría Municipal para darle celeridad a este proceso. 

Hoy, el contralor Municipal, Pedro Arturo Acosta, dará un informe sobre cómo va este proceso.

Los hallazgos

Entre los hallazgos encontrados por la Contraloría en el informe de auditoría  se destacan: 

*La vulneración al principio de selección objetiva del contratista, puesto que el convenio no se realizó por licitación pública.

*Deficiencias en la etapa de planeación del contrato. Pese a que previamente se contaba con estudios y diseños, no se tramitaron oportunamente las autorizaciones para la disponibilidad de servicios públicos. El club no cuenta, después de seis años de construcción, con los servicios públicos.

*Se modificaron irregularmente las cantidades de obra para ejecutar, adicionando un mayor valor a cargo del municipio por $ 48 millones, sin contar previamente con la disponibilidad y la reserva presupuestal que lo soportara.

*Pese a que el convenio 1146/2011 se dio por terminado el 30 de noviembre del 2011, no hay evidencia de la liquidación.

*Omisión de parte de la dirección de Bienestar Social y Proyectos Especiales en decretar el siniestro por las fallas y fisuras que presentan los andenes y la piscina

*Deficiencias en la etapa de planeación del proyecto.