La Procuraduría Regional les abrió indagación preliminar de oficio a siete miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, para determinar si al aprobar el reajuste salarial del presidente ejecutivo de la entidad incurrieron en presuntas irregularidades de orden administrativo, presupuestal, contractual y financiero.
Francisco Pabón, Germán Hernández, Mario Latiff, Ómar Quintero, Gonzalo Medina, Fernando del Corte y Pedro García son los directivos principales que votaron a favor de aumentar de $13’000.000 a $26’000.000 el salario del presidente ejecutivo, hecho que ha levantado ampolla.
El Ministerio Público tomó como fundamento las denuncias publicadas en enero y febrero en medios de comunicación locales, en los que algunos miembros de la junta directiva de la misma entidad manifestaron públicamente su desacuerdo con la decisión y la preocupación por el impacto que pueda generar en las finanzas de la Cámara de Comercio.
En el oficio, la Procuraduría le solicitó al presidente de la junta directiva, Francisco Javier Pabón, remitir los documentos que permitan analizar la pertinencia de la decisión, tales como copias del reglamento interno de la junta directiva, de los estatutos y del manual de contratación, copia de la actual junta directiva que eligió al presidente ejecutivo Héctor Jesús Santaella, el certificado del sueldo actual que devenga, y la certificación del monto de los viáticos cancelados durante 2019, además de especificar si estos valores son de presupuesto público o privado, entre otros.
Para conocer la posición de sus miembros respecto a la apertura de la indagación, este diario se comunicó con el presidente de la junta directiva de la entidad, Francisco Javier Pabón, quien se abstuvo de pronunciarse pues aseguró que no ha sido notificado.
La Opinión habló con el vicepresidente de la junta, el empresario del calzado Germán Hernández, quien explicó que para el cargo de presidente ejecutivo no se exigía ser profesional universitario ni tener maestría. Cuando se dio el cambio de presidente de la entidad, con la salida de Carlos Luna, se replanteó el perfil y, con este, también el salario.
“Consideramos que la Cámara de Comercio debe tener un presidente ejecutivo profesional, con un segundo idioma y con estudio de posgrado. Al hacer el replanteamiento del perfil se hace el replanteamiento del salario y es importante aclarar que el reajuste se hizo para el cargo, para cualquier presidente que venga, y no para Héctor Santaella”, explicó Hernández.
Agregó que la decisión también estuvo ambientada por la comparación de los salarios de los presidentes en otras Cámaras el país, que están en su mayoría entre los 22 y 40 millones de pesos.
Aclaró que el salario aprobado es un salario integral que le cuesta a la entidad $26 millones mensuales y no $40 millones, como se ha dicho en algunos medios. “En el acta quedó establecido un compromiso expreso de que la decisión de aumentar el salario quedaba supeditada a la estructuración de un plan de austeridad en el gasto durante el año 2020”.
La Procuraduría también solicitó copia de los contratos del cacao, celebrado en 2017 con la firma Fiducoldex, y del software adquirido para integrar los procesos de gestión documental, así como el suscrito con la firma Fundabien, y ordenó escuchar en declaración juramentada a los miembros principales de la junta Israel Bahar y Jairo Bautista, y a los suplentes Silvia de Pablo, Edwin Parada, Nicolás Jaramillo y Jorge Leal.
