La espera sigue este año para los trabajadores penitenciarios beneficiados a través del convenio 3.000, suscrito entre la Alcaldía de Cúcuta y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Los 530 millones de pesos nunca fueron cancelados por el ente territorial, por razones jurídicas, según lo explicado por el municipio a los representantes gremiales.

La principal consecuencia de esta situación es que el plan reglamento se mantiene y por ende el inevitable hacinamiento en las estaciones de policía, los Centros de Atención Inmediata (CAI), y la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde el brote de enfermedades y la mayor probabilidad de fugas y riñas entre presos se mantienen. 

A finales de 2018 había aproximadamente unos 400 presos en estos espacios, que no están diseñados para albergar tantas personas y por mucho tiempo. Más del 70 por ciento de estas salas tienen más de 36 horas a los detenidos.

Estas cifras solo incluyen el área metropolitana de Cúcuta y no aparecen el resto de los municipios, por lo que se estima que el número sea superior.

La mayoría de estas salas tiene una capacidad máxima para 12 personas y otras para menos, pero todas están albergando a más presos. 

Por ejemplo, en Villa del Rosario, la capacidad es para una docena de detenidos y hoy hay 28. Lo mismo ocurre en la estación de Trigal del Norte, donde hay 39 presos.

El representante sindical del Inpec, Carlos Ramos, explicó que tratarán de reanudar conversaciones este año, para ver qué plantea la Alcaldía, pero anticipó que la cárcel seguirá cerrada, solamente aceptando a los presos que un juez les otorgue casa por cárcel, porque cumplirán la condena en sus viviendas.

Ramos detalló que lo expuesto por el municipio en las reuniones es que harían el giro de los dineros directamente al Inpec. Sin embargo, esto implica modificar el presupuesto general de la Nación.

“Que el municipio le gire al Inpec, que es una institución del orden nacional, es inviable porque se requiere de una serie de requisitos que son superiores. Por ejemplo, esa es una decisión que no la puede tomar el director nacional del Inpec, sino que depende del ministro de Justicia y de  Hacienda. Es un tema amplio que puede tardar fácilmente dos o tres años, y con el agravante de que no habría viabilidad”, dijo.

El vocero sindical denunció que esto es una estrategia jurídica para dilatar el proceso y no pagar los sobresueldos. Sostiene que no existe ningún impedimento para que se hagan los pagos directamente a cada uno de los empleados.

“Y aún más, cuando en el convenio se dice que los pagos se harán teniendo en cuenta la lista oficial de las cuentas que envía el Inpec al ente territorial”, explicó.

El convenio 3.000 fue firmado el 2 de noviembre del año pasado por 530 millones de pesos, que van dirigidos en un 70 por ciento a la población privada de libertad, y el 30 por ciento restante para los servidores penitenciarios.

El secretario de Gobierno, Jimmy Cárdenas, aseguró que su oficina ya firmó el convenio, pero enfatizó que desconoce las razones por las cuales aún no se han desembolsado los recursos. Dijo que entregó el acta de inicio y que existe la disponibilidad de los dineros y el registro.

El representante del sindicato manifestó que el convenio 424 de 2017 también fue incumplido por el municipio. Asegura que se cumplió solo en un 30 por ciento y que el 70 por ciento restante no fue cancelado.

Por su parte, la Procuraduría Regional ya tiene en sus manos la denuncia hecha por el gremio de trabajadores penitenciarios y está al tanto de la situación carcelaria en la ciudad.

A continuación la Unidad y el total de personas en las salas:                     

-Estación Zulia, 11; Puerto Santander, 6; San Cayetano, 3; Cornejo, 8; Villa del Rosario, 28; estación Patios, 32; estación Belén, 25; CAI Aeropuerto, 24; Trigal del Norte, 39; CAI Kennedy, 35; CAI López, 31; CAI Guaimaral, 8; CAI Escobal, 17; estación Centro, 20; estación Libertad, 26 y URI, 4.