Al menos 300 mujeres migrantes, entre ellas unas 15 menores de edad, ejercen la prostitución en el parque Mercedes Ábrego de Cúcuta, la mayoría en condición irregular y en situación extrema de vulnerabilidad, sometidas a violencia sexual y a todo tipo de vejámenes.
Así quedó develado durante la presentación del informe ‘Migrantes venezolanas en Colombia: barreras de acceso a la interrupción voluntaria de embarazo’, actividad que se cumplió en el hotel Casa Blanca y que organizó la ‘Mesa por la vida y la salud de las mujeres’.
Katerine Crespo, de nacionalidad venezolana, líder del grupo de las trabajadoras sexuales, dijo que de las 300 mujeres que a diario permanecen en ese cuadrante de las calles 8 y 9 con avenidas 8 y 9 del barrio El Llano, unas 60 han tenido que hacer interrupción voluntaria del embarazo, algunas por quedar en embarazo producto de actos de violencia sexual, pero el mayor porcentaje debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran y porque no están en condiciones económicas y de ningún tipo para tener un bebé, según Crespo.
“Hay el caso puntual de una chica que no pudo hacer uso de ese derecho por las barreras que tuvieron en el centro asistencial al que acudió, fue pasando el tiempo, su embarazo avanzó y no tuvo más remedio que traer al mundo a su hijo en unas condiciones precarias y de extrema pobreza”.
Una cruda realidad
La líder de las trabajadoras sexuales reiteró que en el entorno donde estas mujeres se desempeñan son víctimas de violencia sexual, por lo que desde diferentes organizaciones se está trabajando para asistirlas y ellas han encontrado allí un refugio y un apoyo para poder solventar sus necesidades y las situaciones tan difíciles que se les presentan.
“A ellas les toca dormir en la calle, muchas no tienen para comer porque viven del día a día y en la actualidad el trabajo está muy difícil y cada vez es más la competencia”, argumentó Crespo.
“Las mujeres proceden de Caracas, Valencia y otras ciudades del centro de Venezuela, con edades que oscilan entre los 14 y los 35 años. La tarifa que cobran a cada cliente es de $25.000 en promedio, debiendo pagar de ahí la pieza, por lo que solo les quedan $20.000”.
Entre el grupo de migrantes que está ejerciendo la prostitución, hay entre 80 y 100 profesionales que en Venezuela ejercían diferentes roles como enfermeras, docentes y exfuncionarias de la policía y fuerzas armadas, “que lastimosamente han tenido que salir a vender su cuerpo para sobrevivir”.
Entre el 1 de marzo de 2017 y 31 de marzo de 2019 se registraron 629 mujeres procedentes de Venezuela con diagnósticos relacionados con la interrupción del embarazo, según cifras oficiales.
Fundación Oriéntame, que participó en el informe, atendió entre enero de 2018 y junio de 2019 a 848 mujeres venezolanas que consultaron por interrupción voluntaria del embarazo, de las cuales 700 lograron acceder.
Las barreras
Juliana Martínez, coordinadora de la ‘Mesa por la vida y la salud de las mujeres’, dijo que el estudio permitió identificar tres barreras para el acceso de las migrantes a la interrupción voluntaria de su embarazo:
El desconocimiento del marco normativo porque las mujeres no saben que el aborto es un derecho fundamental en tres circunstancias en Colombia (riesgo para la vida y la salud de la mujer, malformaciones fetales, embarazo producto de violencia sexual), diferente a la situación en Venezuela; interpretaciones restrictivas del marco legal, por ejemplo de la solicitud de documentos adicionales que den cuenta de un estatus migratorio regular; y fallas en el sistema de salud, con IPS que no tienen protocolos claros de atención para estas mujeres, ejercen malos tratos, violencia obstétrica y discriminación por la situación migratoria.
