“Esperamos que cuando se firmen los acuerdos y actúen los tribunales de justicia, no seamos revictimizados”, dice José Manuel García, uno de los líderes de las víctimas del departamento.
Su petición surge por la inquietud que le genera pensar que quienes han sufrido por la guerra, tal vez deban afrontar más burocracia cuando se firmen los acuerdos.
“Ojalá no se cree una estructura para que se llene con cuotas políticas”, dijo. “Nos preocupa mucho haber vivido este trágico proceso electoral que fue la demostración contraria al proceso de paz”.
Para García, se avecinan cuatro años “terribles” en los que en zonas como el Catatumbo hay profundas desavenencias entre los candidatos que en poco más de un mes serán los nuevos alcaldes y encargados de regir el futuro de una región que no está preparada para la paz.
Por su parte, para el secretario de Víctimas del departamento, Luis Fernando Niño, reconoció que la situación para las víctimas es complicada.
Según los datos que entregó ayer durante un foro de víctimas, el 80 por ciento de ellas aún no ha recibido los pagos, ni las ayudas humanitarias y de ahí las interminables filas que se ven en oficinas de atención, como la de Cúcuta.
“Es inquietante pensar que cuando llegue el posconflicto, las víctimas podrían no tener mayor claridad sobre su situación, que la que tienen ahora”, señaló.
De otro lado, manifestó que en efecto el Catatumbo será uno de los desafíos por las acciones armadas que continúan y la siembra de cultivos de uso ilícito.
En este sentido, reveló que parte de la comunidad se niega a aceptar la propuesta de desarrollo agrario integral de los acuerdos de paz de La Habana.
“Algunos nos han comentado que no están dispuestos a negociar territorios que les pertenecen, y que no cambiarán los cultivos de coca sin una alternativa rentable”, agregó.
Igualmente, criticó que aún no se ha recibido una respuesta del Gobierno Nacional en relación con la propuesta de que Norte de Santander sea priorizado en el proyecto de desminado humanitario, pese a sumar más de 770 víctimas entre 1990 y 2014.
También se refirió a los riesgos que persisten en el departamento cuando se habla de paz y recordó cómo todos los miembros del Consejo departamental de paz fueron asesinados entre 1998 y 2002.
Ahora que se retoma la propuesta, la contestación de opositores, o de los interesados en el negocio de la paz, se traduce en amenazas hacia los involucrados en el tema.
Finalmente dijo que el nuevo gobernador, William Villamizar, recibirá un departamento con más de 4 mil desaparecidos, 256 mil víctimas en Norte de Santander, de las cuales 202 mil se encuentran en Cúcuta, y espera que en esta oportunidad se cumpla el reto de devolver la confianza de la comunidad en la justicia y la verdad que aún no llegan.
*Redacción La Opinión
