El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cúcuta ordenó al municipio pagar 23 mil 919 millones de pesos a los hermanos Esmeralda, Jackson y Efraín Fuentes, herederos Efraín Fuentes, dueño del parqueadero Los Coches y fallecido en 2011.
La sentencia se conoció cumplidos poco más de tres años de un pleito que se inició el 23 de marzo de 2012 entre la Alcaldía de Cúcuta y la familia, por el incumplimiento a un contrato de concesión de un parqueadero privado suscrito en 2006, por el entonces secretario de Tránsito, César Rojas Ayala.
Según indica el fallo, la cifra debe abonarse como indemnización por los daños y perjuicios económicos que causó la liquidación unilateral del contrato de concesión por la Alcaldía, además del abandono de vehículos en el lote al servicio de Tránsito Municipal.
Por decisión unánime el Tribunal de Arbitramento resolvió denegar las objeciones por parte de la alcaldía de Cúcuta, así como denegar en su totalidad las excepciones de mérito propuestos por el municipio.
El Tribunal de Arbitramento dio una interpretación donde señala que el contrato 003 de 2006 firmado por Rojas Ayala, ahora candidato, entre otras cosas, no reunió las condiciones de un contrato de concesión sino que correspondió a un contrato de depósito.
El fallo también condena al municipio a pagar a los hermanos Fuentes 420 millones de pesos por concepto de costas y agencias de derecho.
Según se pudo conocer, por este caso la contraloría municipal adelanta una investigación preliminar de responsabilidad fiscal contra el secretario de Tránsito de la época, Ricardo Villamizar.
Alcaldía se pronunció
Una vez conocido el fallo, la alcaldía reiteró que no reconoce al Tribunal y que apelará a la justicia ordinaria.
Para la alcaldía, el laudo arbitral liquida un contrato con base en unas cláusulas que el tribunal interpreta de manera indebida, “para poner a pagar a la ciudad por un contrato celebrado en anteriores administraciones municipales”.
“Se procederá a interponer el recurso de anulación del laudo ante el Honorable Consejo de Estado, por errores in procedendo que comprometen la forma de los actos del laudo, su estructura externa, su modo natural de realizarse, que por error propio, se desvía o aparta de los medios señalados por el derecho procesal para la dirección del juicio, al punto de que con ese apartamiento se disminuyen las garantías del contradictorio o se priva a las partes de una defensa plena de su derecho”.
La alcaldía también indica que estudiará “los errores del laudo” y los llevará a la Fiscalía “pues toca con el contenido intrínseco del fallo, o sea con su fondo, por aplicación de una ley inaplicable, aplicar mal la ley aplicable, o no aplicar la ley aplicable, “en una impropia utilización de los principios lógicos o empíricos del fallo”, cuya consecuencia afecta su propia justicia.
Para la administración, el Tribunal desconoció leyes.
