La concesión de 19 mil millones de pesos, según la cual se entregaría a un particular el manejo de algunos servicios a cargo de la secretaría de Tránsito de Cúcuta por los próximos 20 años, volvió a ser declarada desierta por falta de capacidad jurídica del proponente.
Luego de dos intentos de consolidación de la iniciativa en el transcurso de este año en los que se descartó y terminó anormalmente el proyecto, la Secretaría de Tránsito acató la indicación del comité evaluador de no habilitar jurídicamente al proponente Promesa de sociedad futura de servicios de tránsito y transporte de Cúcuta.
Según resolución del 26 de octubre de la Secretaría de Tránsito, en un informe del comité del 2 de octubre se señaló que la capacidad legal no era suficiente.
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Al respecto, se explica que este es un requisito cuyo cumplimiento se exige tanto para participar como para contratar, y se advirtió que entre las causales de rechazo están el incumplimiento de la totalidad de requisitos mínimos, y que algunas inconsistencias no se subsanaran a tiempo.
Según el documento del comité, el representante legal de la empresa proponente, Luis Alberto Rodríguez Barreto, anexó el 13 de octubre “documentos en copia con firmas en copia, solicitando la habilitación del componente financiero”, condición que debía ser revisada.
Por ello, el 23 de octubre, el comité evaluador envió un oficio al correo del proponente y también lo publicó en la página del Sistema Electrónico de de Contratación Pública (Secop) solicitando las aclaraciones y documentos con firmas originales y otros documentos que permitieran verificar la veracidad y autenticidad de los mismos.
Sin embargo, a 25 de octubre, “el proponente no allegó estos documentos, no acató dicho requerimiento de información”.
Esto, dio lugar a mantener la decisión de definir que no cumplía los criterios.
Así, el 26 de octubre se fijó la fecha para la audiencia, y se ratificó a la secretaría la recomendación de rechazar la oferta.
Desde el comienzo
Vale recordar que en este proceso, la Procuraduría regional adelantó una acción preventiva, en julio de este año.
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Allí, se solicitaba a la secretaría observar y acatar la ley 1843 de julio de 2017, que regula la instalación y puesta en marcha de sistemas de detección de infractores.
También, solicitar el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en relación con temas de modernización, habilitación e implementación de la red semafórica en 103 intersecciones.
Además, desde la evaluación preliminar se detectaron inconsistencias, según consta en los documentos del Secop.
Por ejemplo, en el componente jurídico el proponente tuvo que subsanar todos los requisitos, entre ellos, formatos de hojas de vida sin firmas, embargos, ausencia de estados financieros, formatos sin la firma del contador, entre otros aspectos por los que luego dio respuesta, pero sin efecto sobre el resultado final de la licitación.
Otros detalles
El primer proceso licitatorio se abrió el 6 de junio pasado, y fue descartado apenas el día siguiente, y se reanudó el 11 de julio.
La concesión debería modernizar 50 semáforos en los primeros dos años, instalar 30 nuevos, y ubicar 10 cámaras para detectar infractores.
El modelo de inversiones contemplaba realizar inversiones tecnológicas cada cinco años, y adecuaciones de infraestructura, cada diez años.
La empresa proponente tuvo que subsanar ocho criterios del componente jurídico; cinco, del financiero y en el técnico, se criticó la existencia de un plano en el que no se podían verificar los metros cuadrados para los servicios que se prestarían.
El proceso licitatorio pasó de costar 18.702 millones de pesos, a $19.089 millones en un mes.
