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Peñaranda acata medida que le impuso la Procuraduría, pero anuncia que se defenderá

Según el director del Área Metropolitana, obras por las que fue suspendido ya se terminaron.

El momento por el que atraviesa el director del Área Metropolitana y ficha de entera confianza del alcalde Jairo Yáñez, Miguel Peñaranda, era algo que se veía venir desde que empezaron las protestas por las demoras de las obras que hacen parte del convenio interinstitucional suscrito entre la alcaldía y el AMC por una cuantía de 45.000 millones de pesos.

Todas esas obras, entre ellas los corazones de barrios como Scalabrini, El Progreso, La Libertad, el corregimiento de Banco de Arena; el colegio Nuestra Señora de Belén, las avenidas Keneddy y Las Américas y, por supuesto, las baterías sanitarias para 20 colegios debieron culminarse hace rato. Sin embargo, por múltiples motivos esto no se ha cumplido.

Por el caso de las baterías sanitarias, contratadas en 2021 a un costo de $6.000 millones y que hace un año debieron entrar en servicio, la Procuraduría Regional  resolvió suspender provisionalmente de su cargo a Peñaranda por un término de tres meses.


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El viernes pasado, el Ministerio Público le notificó al funcionario la apertura de la investigación disciplinaria y ayer procedió a notificarle la medida de suspensión provisional del cargo.

La Procuraduría Regional aclaró que la suspensión provisional no debe entenderse como una medida sancionatoria, sino, por el contrario, como una medida que busca evitar que el investigado pueda llegar, a través de la permanencia en el cargo, función o servicio, a interferir en el trámite normal de la investigación que se adelante, o que pueda, por el mismo hecho de la permanencia, continuar en la reiteración de la falta.

Señala el órgano de control que, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato de obra pública de baterías sanitarias (del 8 de octubre de 2021) era de diez meses, a la fecha se ha prorrogado en  más de tres ocasiones, y solo hasta el 24 de abril de 2023, ante los constantes requerimientos de la comunidad y de diferentes autoridades se procedió con la primera entrega de baterías en el colegio Gonzalo Rivera Laguado, sede Espíritu Santo, Colegio Eustorgio Colmenares, Colegio Presbítero Daniel Jordán en el Instituto Técnico Guaimaral.


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En otras sedes escolares, como la Pablo Garzón, sede Pablo VI, Juan Atalaya, Escuela Claret, Alejandro Gutíerrez, sede Juan Bosco, Manuel Fernández de Novoa, sede 3 Padre Rafael García Herreros, sede 28 de febrero, Pablo Neruda, sede La Gruta, colegio San José principal, Colegio Gremios Unidos, sede 18 de mayo, tan solo tuvieron ejecución durante los meses de julio y agosto del presente año.

Otras instituciones educativas como San José, sede La Cabrera, García Herreros, sede principal, Claudia María Prada, Jaime Garzón principal, Pedro Fortul Y Mario Ospina, sede Bartolomé, los trabajos están suspendidos desde el 11 de agosto de 2023 en espera de recursos adicionales, puesto que no se tienen recursos  para la culminación de seis baterías pendientes, de las 20 contempladas en el desarrollo del contrato.

Para la Procuraduría Regional este retraso injustificado en la entrega de las baterías sanitarias perjudica a cientos de niños, adolescentes y docentes de las instituciones educativas, que no han contado en un lapso prolongado con un servicio de baños para satisfacer las necesidades fisiológicas. Aunado a esto, en las baterías sanitarias móviles se han presentado graves condiciones de salubridad e higiene, “todo por el incumplimiento de las baterías fijas”.


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Habla director del Área

Peñaranda dijo que siempre ha sido respetuosos de las decisiones de los entes de control, acatando, “pero desde luego defenderemos y buscaremos aclarar la situación, pues fue una queja puesta en febrero sobre obras que ya fueron entregadas”.

Dijo que el contrato de las baterías sanitarias se ha tenido que sortear miles de inconvenientes en todo lo que ha sido la obra.


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Peñaranda afirmó que ya se terminaron todas las baterías que se pudieron terminar en un ciento por ciento con los recursos que aportaba el contrato. “Se solicitó un adicional del diez por ciento, certificado por la interventoría, el cual hace relación a obras complementarias que no hacían parte del contrato de las baterías, como son conexiones a redes externas de los colegios, alcantarillado completo, porque había colegios que no tenían este servicio”.

Dijo que es un proyecto que ya se culminó en la etapa que correspondía al  Área Metropolitana.

Agregó que estará yendo a las instancia que la ley le permite para proteger los derechos y mirar qué posibilidades hay de que la medida sea revertida en el menor tiempo.



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