Aunque para varios de los líderes en condición en discapacidad el contrato para adjudicar las zonas azules podría estar “amarrado” desde ya, anunciaron que buscarán que el manejo de estos espacios les sean asignados.
Jorge Soto, vocero de la Asociación de Personas con Diversidad Funcional de Cúcuta, pidió a la Alcaldía que “todas las zonas azules” queden a cargo de esta población que, en su mayoría, nunca ha tenido un empleo.
Aunque las personas con discapacidad creen que la administración municipal se limitará a ofrecerles un 10 o 15 por ciento de participación, “lo que esperamos es que mínimo se deje el 50 por ciento”.
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Según Soto, quien expuso sus solicitudes ante el Concejo, la propuesta es que no solo se beneficien los discapacitados sino también las mujeres que tienen a su cargo hijos en esta condición.
Así, se podrían ofrecer entre 150 a 200 empleos, por turnos, de tal forma que estos ciudadanos reciban dar un trato digno e igualitario.
Aunque Soto advirtió que el interés de la administración por este tema parece poco, “vamos a esperar si después de tres años, el alcalde (César Rojas) por fin nos atiende”.
Agregó que, de materializarse la solicitud, los principales beneficiarios serían personas en sillas de ruedas, con discapacidad visual, sordos, algunos más con discapacidad cognitiva y las madres que certifiquen que sus hijos tienen una diversidad funcional, pues sin este tipo de condiciones podría “colarse” más de uno.
Sin embargo, para cuando se asignen las zonas azules también deberá quedar resuelta la invasión del espacio público por parte de vendedores informales, para evitar la afectación de la movilidad de los discapacitados.
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“Es un tema que no es nuestro, sino de la administración municipal que debe garantizar la movilidad y el libre desplazamiento”, dijo Soto.
(Los líderes de esta comunidad exigen que se ponga en práctica la política pública de discapacidad, creada desde 2011.)
Otros temas
Así mismo, recordó que entre los temas sobre los que las asociaciones esperan respuestas están las solicitudes en torno a la movilidad, accesibilidad, transporte, y ajustes al plan de ordenamiento territorial.
“Esperamos que cuando llegue ese documento (al Concejo) nos tengan en cuenta porque están las propuestas radicadas” y expuestas ante los integrantes de la corporación.
Se conoció además que esta asociación prepara denuncias relacionadas con las dificultades de movilidad, las poca funcionalidad de las rampas en las que se han invertido millones de pesos de recursos públicos, y que no se compadecen de las necesidades de casi 8 mil discapacitados que, según Soto, hay en el área metropolitana.
La respuesta
José Luis Duarte, secretario municipal de tránsito respondió que en la implementación de las zonas azules se garantizará la participación de los discapacitados, aunque parcialmente.
“Se está estudiando la posibilidad de tener un porcentaje de esta población”, dijo, y afirmó que no sería “en su totalidad”.
Desde el Concejo se dijo que la corporación siempre ha respaldado a esta población, razón por la que hoy preocupa que el presupuesto para su atención se reduzca.
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El concejal Víctor Suárez afirmó que “en esta ciudad están disminuyendo los programas sociales y se están destinando recursos para un programa de generación de empleo”.
Agregó que “como corporación, autorizamos la implementación de las zonas azules, pero el proceso contractual, la designación y demás, es responsabilidad del alcalde o de su secretario de Tránsito”.
Entre tanto, el concejal Nelson Ovalles también mostró preocupación por los recursos y solicitó que al menos se trasladen $2 mil millones de los recursos del Sistema General de Participaciones para cubrir los programas que atiende el Departamento administrativo de bienestar social, que incluyen a los discapacitados, pues en el presupuesto actual solo se habla de $300 millones.
