Rechazo total al contrato que pretende sacar avante el secretario de Planeación municipal, Jorge Omar Gandolfo, relacionado con la interventoría para el contrato de concesión del relleno sanitario, pero cargándolo vía tarifa a los usuarios del aseo, expresaron concejales y dirigentes comunales de la ciudad.

Según el concurso de méritos abierto publicado en septiembre y que se encuentra visible en el portal de contratación pública (Secop), la fuente de financiamiento de este contrato se hará vía tarifa, es decir, se aumentará el valor que se les cobra a los usuarios por el servicio de aseo, y serán estos quienes terminen asumiendo el costo de la interventoría a  través de la factura de servicio.

El contrato a 6 años estipula un pago mensual de 140 millones de pesos, lo que significa que al final, los usuarios terminarán pagando 10.080 millones de pesos. 

Por este proceso, la  Procuraduría Provincial remitió un informe preventivo, en el que le advierte a Gandolfo sobre presuntos hechos irregulares en el pliego de condiciones del contrato.

Según advierte la Procuraduría, la tarifa de aseo para poder cubrir el pago del contrato se incrementaría en dos mil pesos para los estrados 1 y 2; cuatro mil pesos para el estrato tres; 5 mil pesos para el estrato cuatro, y así sucesivamente para los demás estratos.

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Ante la posibilidad de que sea adjudicado este lunes, el concejal Oliverio Castellanos dijo que cobrarle la interventoría a los usuarios vía tarifa, es perjudicar aún más a los cucuteños.

El munícipe se preguntó cuántas personas se van a beneficiar de este negocio. Dijo que habría que preguntarle al secretario de Planeación  si de este contrato conoce la administración o si lo está haciendo a espaldas del alcalde César Rojas, porque él no se ha pronunciado al respecto.

También hay que preguntarle a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Comisión reguladora de agua potable y saneamiento básico (CRA), si Planeación Municipal realmente tiene el concepto que le permita cobrar vía tarifa, dijo el concejal.

Castellanos denunció el hecho de que la administración municipal pretenda a escasos siete días para terminar el año sacar adelante un contrato, cuando tuvo cuatro años para hacerlo.

Por su parte, el concejal Carlos Camero dijo que el contrato de interventoría es ineficiente. Estoy en total desacuerdo con el cobro que se les pretende cargar a los usuarios del aseo, dijo.

Apolinar García, edil de la Comuna Seis, lamentó que la administración municipal pretenda meterle la mano a los bolsillos de  los usuarios. “Nosotros como usuarios pagamos por el servicio de recolección de la basura, no para pagar interventorías, eso no está en el contrato de condiciones uniformes que firmamos con la empresa de aseo”, exclamó.

El edil de la Comuna Cuatro, Alfonso Parra, dijo que el tema es muy delicado y requiere la intervención inmediata de la Personería, la Contraloría y la Procuraduría.

“Deja mucho que pensar que a última hora salgan a adjudicar un contrato que venía cumpliendo sin ningún problema y sin costos la administración municipal”.

Otro líder comunal de Atalaya, Leonardo Herrera, dijo que no es coincidencia que secretarías que están manejadas desde La Picota por el condenado exalcalde Ramiro Suárez, “estén a toda costa intentando sacar contratos de última hora de manera descarada”.

Como ciudadano colombiano y habitante de Cúcuta le exijo a la Procuraduría que no permita que se lleve a cabo este contrato, a todas luces plagado de irregularidades, dijo Herrera.

La Procuraduría, en la advertencia que le hizo a Gandolfo, sobre las presuntas irregularidades, le hace ver que “la ley es clara al establecer que en la factura de los servicios públicos solo se deben incluir elementos relacionados con la prestación del mismo, existiendo una prohibición legal de efectuar cobros distintos a las tarifas por concepto de la prestación de servicios públicos domiciliarios”.

José Luis Castro Villamizar, líder comunal de Sevilla también se expresó en desacuerdo con las pretensiones de Planeación municipal. “Creo que es hora de que los cucuteños despertemos ante tanta corrupción”.

(Oliverio Castellanos, Carlos Camero, Apolinar García, Alfonso Parra, José Luis Castro Villamizar y Jorge Omar Gandolfo.)

Modifican contrato sin sustento

Desde el año 2000 que se firmó el contrato de 0618 de concesión de servicio de aseo con la empresa Aseo Urbano (del grupo Veolia), el municipio contrató ocho interventorías entre 2001 y 2008, pagadas con recursos del presupuesto municipal. 

A partir del 2009 y hasta el 2013 decidió prescindir de la interventoría y delegó la función de supervisión del contrato a la Secretaría de Hacienda; en 2014 la supervisión pasó a la EIS hasta el 2016 y entre 2017 y 2019 la supervisión estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda.

Ahora, el municipio decide contratar una nueva interventoría, sin que existan argumentos que justifiquen tal contrato, si se tiene en cuenta que existen certificaciones firmadas por los mismos funcionarios de la administración municipal que demuestran que no se ha presentado ningún incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del operador y que en el relleno no se ha presentado hasta la fecha ningún siniestro. 

Otra movida del municipio que ha despertado sospechas tiene que ver con la modificación unilateral que hizo al contrato de concesión que tiene con Aseo Urbano, hoy Veolia, para poder incluir  el costo de la interventoría. 

Sin embargo, a Veolia nunca la notificaron sobre esta modificación unilateral. 

Esto, en concepto de la empresa Veolia, se constituye como una violación al debido proceso, lo que los llevó a instaurar una acción de tutela contra el municipio.