A partir de este lunes, la restricción de ingreso al establecimiento de reclusión de Cúcuta será absoluta y se radicalizará el movimiento plan reglamento territorial, según anunció el sindicato del Inpec.

Ni los beneficiados con prisión domiciliaria ni los sindicados intramurales serán recibidos, debido al incumplimiento de las alcaldías y la Gobernación de asignar las partidas presupuestales suficientes para atender a los internos, aunque la Gobernación indicó que se dio un aporte de 650 millones, divididos entre la vigencia anterior y la actual.

Según Carlos Ramos, el caso más delicado ocurre con la alcaldía de Cúcuta, pues hasta el momento no hay acuerdo con la administración municipal. 

“Lo último que tuvimos del alcalde fue una declaración pública del 15 de agosto, en la que desconocía su responsabilidad legal frente al centro de reclusión de Cúcuta”, declaró. 

Sin embargo, al término de la semana anterior se dio una reunión informal entre el sindicato y el secretario de Gobierno de Cúcuta, Óscar Gerardino, quien explicó que habría una partida de 50 millones de pesos para esta vigencia.

“No podemos aceptar ese pronunciamiento, teniendo en cuenta que cada interno vale 16 millones 26 mil pesos al año”, comentó. “La alcaldía tiene 1.070 internos sindicados que son de su responsabilidad, y los cálculos comprueban que la cifra desborda lo que están proponiendo”.

Según el más reciente informe del sindicato, actualmente hay 135 internos (107 colombianos y 28, venezolanos) en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de Policía, algunos de los cuales tienen más de 60 días de detención.

El mayor inconveniente que se está generando con la no recepción de internos radica en la necesidad de destinar el personal de vigilancia y cuadrantes para reforzar la custodia de estos internos, pues han ocurrido intentos de fuga.