Un lote de seis hectáreas junto a las torres del Cormoranes, que fue invadido por cerca de 300 familias, es hoy centro de la polémica debido a una diligencia de desalojo que ordenó la inspectora segunda urbana de Policía de Cúcuta, María Virginia Sandoval Torres, y que presuntamente uniformados de la Policía no acataron debido a “una orden presidencial”.
Ricardo José Rivera Rozo, quien es el abogado de Sodeva Limitada, compartió el acta de la querella que levantó la inspectora y donde se relata cómo fue la diligencia de desalojo del pasado 5 de septiembre, la cual significó el tercer intento de la empresa que defiende para recuperar su derecho a propiedad privada.
“Habiéndose dado la orden de iniciar la desocupación del sitio, el coronel de la Policía (Sergio) Saavedra, al ser requerido para prestar seguridad al personal, manifestó que no podían hacerlo y me comunicó con el coronel Juan Carlos Ramírez, quien me manifestó que por orden presidencial él no podía meter a sus hombres si se presentaba confrontación”, consignó la inspectora en el acta.
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Según se lee en el documento, tras esta negativa emanada desde el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), fue el capitán de la Policía Duván Herrera Portela, comandante encargado de la estación del barrio Trigal del Norte, quien manifestó la imposibilidad de accionar.
“Al ser requerido en el sentido de hacer entrar al personal aportado por el querellante para el desmonte de los cambuches, (Herrera) manifestó que él no exponía a sus policías y que si le atacaban a alguno, el orden público que se desataba era grande, por cuanto él no dejaba que le tocaran a su personal”, escribió la inspectora.
Tras la imposibilidad de brindar la seguridad para adelantar la diligencia, y tras un nuevo intento final de desocupación pacífica convocado por el Ministerio Público, el cual fue fallido, la diligencia se suspendió, dejando constancia la empresa Sodeva que cumplió con los requisitos exigidos por las autoridades en reuniones anteriores.
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El abogado Ricardo José Rivera Rozo aseguró que el caso del lote junto a Cormoranes, en inmediaciones del anillo vial occidental, genera una “inconsistencia absoluta”, pues va en contra del denominado Estado Social de Derecho.
“Cuando vemos que las autoridades, haciendo caso omiso de sus responsabilidades, sientan una posición en donde no se cuenta con el apoyo para hacer valer los derechos constitucionales, se genera una incertidumbre y una tristeza porque esto va generar que cualquiera se sienta con el derecho de invadir cualquier predio, sin importar de que existan derechos previamente adquiridos”, dijo.
Según el abogado, y tras versiones de la misma comunidad, los invasores no habitan en el lote, sino que, al parecer, cuentan ya con viviendas en lugares cercanos, haciéndose presente en el lugar en ciertos momentos del día, por lo que el abogado los calificó como una “banda organizada” para invadir.
¿Qué dice la Policía?
Tras los señalamientos, La Opinión se comunicó con el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante encargado de la Mecuc, quien enfatizó que la Policía está facultada para el uso de la fuerza en situaciones de desalojo, pero antes se deben surtir unas etapas para poder entrar en confrontación.
“No es que no se pueda presentar la confrontación, lo que pasa es que el protocolo establece que el uso de la fuerza es el último recurso. En esas diligencias estamos surtiendo todo el trámite necesario para evitar precisamente que se presente una confrontación”, manifestó.
Ramírez reveló que en medio de este caso se han hecho mesas de diálogo, contacto con los líderes, se han realizado anuncios, “pero ante la presencia de menores de edad, personas de la tercera edad, de mujeres en estado de embarazo, obviamente no podemos utilizar la fuerza”.
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El oficial agregó que en la actualidad se agotan las vías de diálogo, para luego, como última opción, optar por el uso de la fuerza.
“No es que nosotros no vayamos a tener una confrontación, eso en el ejercicio de ese tipo de diligencias se da, el uso de la fuerza está legítimamente establecido siempre y cuando se cumplan tres aspectos: la proporcionalidad, la legalidad y la necesidad, y en este caso no es que no se quiera usar la fuerza”, puntualizó.
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