El secretario de Planeación Municipal, Jorge Omar Gandolfo procedió el jueves a adjudicar el contrato de interventoría para la concesión del relleno sanitario de Cúcuta, pese a las advertencias de la procuraduría y a la desautorización que le hizo el alcalde César Rojas.

Por este contrato, por un valor que sobrepasa los 10.000 millones de pesos, y que será financiado directamente del bolsillo de los usuarios del servicio de aseo,  Gandolfo admitió no haber hecho estudios técnicos ni financieros para determinar los cobros que se aplicarán a la tarifa de aseo.

En la audiencia pública llevada a cabo en el auditorio de Planeación Municipal, el titular de ese despacho leyó la resolución #068, mediante la cual se procedió a adjudicar a la empresa Audimon S.A.S, el contrato de concesión para la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica.

Según la misma resolución, esta firma recibirá por seis años un pago mensual de 140 millones de pesos, lo que significa que al final, los usuarios terminarán pagando 10.080 millones de pesos por las mismas funciones que venía asumiendo la alcaldía de manera directa.

En la diligencia de adjudicación no estuvo presente el representante de Audimon S.A.S., pero Gandolfo mencionó que éste había renunciado a la misma. En cambio, sí estuvieron presentes el delegado de la Procuraduría Provincial y un representante de la empresa Aseo Urbano (Veolia).

Al ser indagado de por qué desobedeció al alcalde César Rojas para que desistiera de seguir adelante con el proceso, el funcionario se escudó en que estaba facultado para hacerlo. 

Dijo que los decretos 1133 del 28 de diciembre de 2018 y el 237 del mismo año le dieron competencia como ordenador del gasto de su dependencia para suscribir contratos, licitaciones y  convenios sin límite de cuantía.
Al admitir que no se hicieron estudios técnicos para determinar el monto que les será cobrado en el recibo del aseo a los cerca de 226.000 usuarios, Gandolfo reveló que no serán más de 600 pesos, los mismos que podrían bajar en el primer año de la concesión “porque una vez entre a operar la interventoría vamos a conocer de manera real los volúmenes de residuos sólidos que se están llevando al relleno sanitario que opera la empresa aseo Urbano o Veolia”.

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El representante de la empresa Veolia, Christian Vargas, mencionó que el cobro que se pretende no está contemplado en la estructura contractual y requiere de la autorización de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Al término de la lectura de la resolución #068, el delegado de la Procuraduría Provincial le hizo ver a Gandolfo la omisión de su despacho al informe preventivo presentado semanas atrás por el órgano de control, del cual, a la fecha (de ayer), no se había recibido una respuesta.

Uno de los temas más delicados que encontró la Procuraduría tiene que ver con que la forma de financiación del contrato va en contravía de la ley 142 que rige a los servicios públicos domiciliarios.

“La ley es clara al establecer que en la factura de los servicios públicos solo se deben incluir elementos relacionados con la prestación del mismo, existiendo una prohibición legal de efectuar cobros distintos a las tarifas por concepto de la prestación de servicios públicos domiciliarios”, expresó la Procuraduría.

De acuerdo a la Procuraduría, las empresas no podrán incluir en la factura de servicios públicos cobros distintos a los originados en la prestación efectiva del servicio si cuentan con la autorización expresa del usuario, algo que no se hizo en este caso y que a la hora de que se haga podrán ser rechazados.

Además, para cargar cualquier costo a la factura es necesario contar con el visto bueno de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y en el proceso no existe evidencia de que se haya solicitado autorización para la modificación tarifaria.  

La Procuraduría Provincial dijo no estar en contra de la interventoría para el contrato de concesión, porque es necesaria, pero sí expresó su preocupación por la forma en que será financiado el contrato.

Advirtió que en caso de que los usuarios se nieguen a pagar el incremento en la tarifa del aseo será la alcaldía la que tenga que asumir este costo y ello le podría acarrear un detrimento patrimonial al municipio.

 El contrato de concesión tiene un valor de 10.080 millones de pesos y tendrá una duración de seis años. Ayer le fue adjudicado a la firma Audimon S.A.S.

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Modifican contrato sin sustento 

Desde el año 2000 que se firmó el contrato de 0618 de concesión de servicio de aseo  con la empresa Aseo Urbano (del grupo Veolia), el municipio contrató ocho interventorías entre 2001 y 2008, pagadas con recursos del presupuesto municipal. 

A partir del 2009 y hasta el 2013 decidió prescindir de la interventoría y delegó la función de supervisión del contrato a la Secretaría de Hacienda; en 2014 la supervisión pasó a la EIS hasta el 2016 y entre 2017 y 2019 la supervisión estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda. 

Ahora, el municipio decide contratar una nueva interventoría, sin que existan argumentos que justifiquen tal contrato, si se tiene en cuenta que existen certificaciones firmadas por los mismos funcionarios de la administración municipal que demuestran que no se ha presentado ningún incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del operador y que en el relleno no se ha presentado hasta la fecha ningún siniestro. 

Otra movida del municipio que ha despertado sospechas tiene que ver con la modificación unilateral que hizo al contrato de concesión que tiene con Aseo Urbano, hoy Veolia, para poder incluir  el costo de la interventoría. El representante de esta compañía, Christian Vargas, dijo ayer durante la audiencia de adjudicación que esto no era necesario.

Sin embargo, a Veolia nunca la notificaron sobre esta modificación unilateral. 

Esto, en concepto de la empresa Veolia, se constituye como una violación al debido proceso, lo que los llevó a instaurar una acción de tutela contra el municipio.