El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, le solicitó a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente activar mecanismos e instrumentos internacionales necesarios, para dar solución al grave problema ambiental que enfrenta más de un millón y medio de habitantes de Cúcuta.
La solicitud la hizo el jefe del Ministerio Público por causa de la quema descontrolada de residuos sólidos en el Estado Táchira, en la frontera con Venezuela.
Le puede interesar Cucuteños, desesperados con el olor a humo
En la carta dirigida a los ministros Claudia Blum y Ricardo Lozano, el Procurador precisó que “esta afectación ambiental se suma al contexto de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales por COVID-19, lo cual genera grandes riesgos para la población del área metropolitana de Norte de Santander y mayor demanda de los servicios médicos y hospitalarios de la ciudad”.
Carrillo Flórez sostuvo que por su origen, esta emergencia ambiental desborda los límites de competencias de las autoridades locales de Norte de Santander, por lo que le corresponde al Gobierno Nacional activar los mecanismos e instrumentos internacionales que correspondan y que puedan conducir a la solución del problema de calidad del aire.
La pretensión del órgano de control es evitar el riesgo de la salud y la vida de los ciudadanos de Norte de Santander.
Más temprano, Fernando Trujillo, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, solicitó a los seis alcaldes del área metropolitana de Cúcuta información frente a la adopción e implementación de medidas en torno a la delicada situación de la calidad del aire.
Lea además Procurador pide a alcaldes informar sobre acciones ante contaminación
Trujillo emitió un llamado urgente a desarrollar iniciativas que permitan prevenir la contaminación atmosférica, “la cual no solo atenta contra el medio ambiente, los recursos naturales, sino que también afecta la salud humana”.
“Esta Procuraduría también manifiesta su capacidad de generar la articulación pertinente del caso. Cabe advertir que el incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público puede dar lugar a incurrir en una conducta reprochable que constituye falta disciplinaria”, concluyó.
