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Procuraduría investiga a Donamaris Ramírez por CDI

Jueves, 7 de Junio de 2018
La medida también cobija a otros funcionarios de su administración en la Alcaldía de Cúcuta..

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Donamaris Ramírez, exalcalde de Cúcuta (2012-2015), por presuntas irregularidades en la construcción de cuatro Centros de Desarrollo Infantil  (CDI) Cormoranes.

La medida también cobija a Jimy Galán Villamizar, en su condición de secretario del despacho Área Dirección Fortalecimiento Corporativo; Irly Yesenia Sandoval Pacheco, secretaría del despacho Área Dirección Fortalecimiento Corporativo; Luis Carlos Castro, Oswaldo Grajales Rosas y  Juan Carlos Sierra Castellanos secretarios de infraestructura; Felipe Andres Gómez Sánchez,  representante legal de la Unión Temporal Colva e interventor del contrato 876 de 2013; Claudia Graciela Olivares Rivera, representante legal del Consorcio Interventoría CDI, y Jose Leonardo Alba Rico, interventor y representante legal de la empresa Construyendo Ideas.

El Ministerio Público busca establecer la posible responsabilidad de los funcionarios en los retrasos y contratiempos que tuvo la ejecución del contrato número 876 de 2013, adjudicado a la Unión Temporal CDI por un valor de 4.695.898.120 de pesos.

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Señala el ente de control que al parecer no se tuvieron en cuenta las recomendaciones hechas en los estudios previos que advertían la necesidad de adelantar adecuaciones especiales al suelo, para garantizar una obra estable, lo que habría generado los retrasos e incumplimientos en la obra, lo que evidenciaría una posible planeación insuficiente, al no contar con estudios previos serios, adecuados y completos para celebrar el contrato. 

Para la Procuraduría, las fallas en los muros, cimentación, deterioro temprano, y la presunta entrega de la construcción sin acceso al servicio de agua potable, aún cuando estaba contemplada en la contratación, son circunstancias que pudieron ser evidenciadas y mitigadas en la ejecución del contrato, por lo que se pretende determinar si existió omisión de los funcionarios en la supervisión, seguimiento y registro de la obra.

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