Nadie denuncia. Es lo que dicen y reiteran las autoridades cuando se habla de la problemática de la trata de infantes. En Cúcuta, a pesar de ser puerta fronteriza, solamente existe el registro de un caso denunciado, según afirmó el secretario de Bienestar Social del municipio, Óscar Sandoval.

 

Las autoridades aseguran que la delgada línea que existe entre el trabajo infantil y el punto donde lleva a transformarse en trata de infantes hace más difícil la situación.

 

“Cuando un niño es explotado laboralmente con fines de lucros económicos se convierte en trata de personas. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado a la opinión pública a no darle un solo peso a estos niños que están en los semáforos pidiendo o mendigando, porque esa plata es entregada a un tercero que puede ser un familiar o no, y que desafortunadamente ellos se ven explotados impidiendo su correcto desarrollo”, dijo el funcionario.

 

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Sobre el caso denunciado no especificó en qué parte de Cúcuta se presentó, solo que está siendo manejado a través de la ruta de atención a las víctimas con las entidades competentes, y se le abrió el proceso legal para indagar si efectivamente se estaba cometiendo el delito por el cual la persona acusada puede ser condenada hasta con 13 años de cárcel.

 

Tras las denuncias formuladas en los medios de comunicación de otros departamentos del país, el secretario aseguró que han tenido que incrementar acciones para identificar si hay casos de trata de niños, en este caso de explotación.

 

“En la ciudad no hemos identificado con la Policía Nacional, Seguridad Ciudadana, Gobierno, Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) más casos que el denunciado”, dijo. 

 

Vea Mendicidad infantil en CúcutaSostiene que el resto es trabajo infantil donde los padres sacan a los niños con ellos a trabajar; sin embargo, sobre este punto precisó que también tiene sus consecuencias porque el Icbf abre el debido proceso a los progenitores para restituir los derechos de estos niños. 

 

En riesgo

 

El gobierno departamental explicó que ellos han identificado dos situaciones en la región, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la primera de ellas es que se ha detectado a cerca de 1.875 niños que están en riesgo de que puedan estar siendo utilizados para trabajo infantil.

 

Precisaron las autoridades departamentales que en estos casos también los padres de familia pueden llegar a vulnerar los derechos de sus propios hijos, y esto también es castigado por la legislación. 

 

El gobernador William Villamizar Laguado indicó que la segunda situación que se está presentando involucra a los niños de la comunidad yukpa que son utilizados para pedir en los semáforos. “Con ellos no ha sido fácil la situación, porque esas comunidades tienen sus derechos”, dijo.