“La justicia cojea, pero llega”, es la frase que describiría la sanción que recibieron dos jueces de Norte de Santander involucrados en una polémica pelea que se registró el 26 de febrero de 2018.
Los implicados son Julio César Blanco Ramón, juez promiscuo municipal de San Cayetano, quien agredió físicamente a su colega José Francisco Durán Botello, del juzgado promiscuo municipal de Salazar de las Palmas.
La pelea que ocurrió en una barbería del Centro Comercial Ventura Plaza, quedó registrada en una grabación de video que se hizo viral en plataformas digitales. En ellas, se observa una discusión inicial entre los dos togados que termina en agresión física por parte de Blanco Ramón, el cual era atendido en ese momento.
Y aunque ya pasó un poco más de dos años, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Norte de Santander y Arauca dictó sentencia de primera instancia y señaló que ambos son disciplinariamente responsables en haber incurrido en las faltas y deben ser objeto de una sanción, de conformidad con el artículo 44-2 de la Ley 734 de 2002, porque incurrieron en faltas graves dolosas.
Por lo anterior, cada uno es suspendido en el ejercicio del respectivo cargo por el término de seis meses, esto es, la mitad del máximo de la sanción imponible en cuanto a la suspensión.
Es de precisar que la sanción obedece especialmente a la falta relacionada con la infracción al deber previsto en el artículo 153-3, según el cual los funcionarios judiciales tienen que obedecer y respetar a sus superiores, dar un tratamiento cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito, el que claramente fue violado por los jueces al agredirse física y verbalmente.
Otras sanciones a abogados
Igualmente se conoció un listado de abogados a quienes la Sala Jurisdiccional Disciplinaria les aplicó sanciones como producto de procesos disciplinarios.
En una investigación adelantada a la abogada Clara Cristina Agudelo Jaramilllo por falta a la ética laboral, se determinó excluirla definitivamente del ejercicio de la profesión a raíz de una sentencia del 29 de agosto del 2018 en segunda instancia del Consejo Superior de la Judicatura de Cúcuta.
La falta se dio por haber recibido un dinero perteneciente a su cliente y no haber hecho entrega del mismo.
Otra acción es la adelantada contra los abogados Nehemías Alarcón, Iván Estupiñan Díaz y Rafael Ignacio Cañas Montagouth. En este caso, los dos primeros fueron excluidos definitivamente del ejercicio de la profesión dado que incurrieron en una falta disciplinaria prevista en el artículo 33-9 de la Ley 1123, en actos fraudulentos de los intereses del cliente.
Por su parte, Cañas Montagouth, fue suspendido de la profesión por tres años, como lo determinó la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura.
El abogado Luis Aurelio Contreras Garzón, no pudo ejercer como jurista por seis meses ante la sentencia proferida en su contra el 30 de agosto del 2019. A él le abrieron el caso por haber dilatado sin causa un proceso.
En otra acción disciplinaria de ética profesional, se suspendió en el ejercicio de la profesión por tres años al abogado Joaquín Fernando Gelvez Estévez y se le impuso una multa de más de siete millones de pesos.
En el mismo proceso, fue suspendido por 18 meses el abogado José Gómez Gómez, al cual también se le impuso una multa superior a los siete millones de pesos, en una sentencia del 10 de julio de 2019.
Contra Gélvez Estévez y Gómez Gómez la sentencia condenatoria obedeció a que ellos pretendieron quedarse con parte de un predio de un cliente como parte de pago a sus honorarios, algo que no es permitido.
En otro proceso de ética profesional fueron sancionados los siguientes abogados:
Fabio Urbina Gelvez y Hackeline Reyes Ravelo, quienes fueron suspendidos para ejercer sus labores profesionales por seis meses; además se les impuso una sanción económica dentro del fallo de segunda instancia del 15 de julio de 2019.
Los hechos por los cuales estos dos últimos abogados fueron sancionados, es por haber cobrado una cifra exorbitante a su cliente, por una diligencia que no ameritaba ese costo.
El abogado Sergio David Matamoros Rueda, fue sancionado con la suspensión por seis meses a causa de la sentencia del 8 de agosto del 2019, por haber dilatado injustificadamente un caso.
En otro proceso, a la abogada Sol Colombia Buenaño Uribe la suspendieron la tarjeta profesional por un tiempo de seis meses y fue multada, al no ser diligente con el proceso que su cliente le encomendó.
Su caso fue fallado en segunda instancia por la Sala Disciplinaria del 18 de octubre de 2019.
Estos son algunos de los casos que infortunadamente se deben sancionar con frecuencia en la ciudad y las autoridades judiciales le hacen público con el fin de instar a los juristas a obrar de manera correcta.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria seguirá desarrollando investigaciones para promover la correcta ética de los abogados en el ejercicio de su profesión.
Igualmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para que interpongan sus denuncias en caso de haber sido víctimas de fraudes o negligencias similares a las expuestas por parte de abogados en la región.
