Que se suspenda el debate del presupuesto de Cúcuta para la vigencia 2018 es la exigencia de las juntas administradoras locales de la ciudad, debido a que no se cumplió con los conceptos favorables de las 15 juntas administradoras locales (JAL).

Este paso hace parte del debido proceso que exige la ley y, según las juntas, no fue concertado y se incumplió el artículo 131 de la ley 136 de 1994 según el cual “el alcalde está obligado a brindar a los miembros de las juntas toda la información disponible”.

Para Alfonso Parra, vocero de Asoedilcuc (Asociación de Ediles de Cúcuta) este era un “paso sencillo, que básicamente implica concertación y no implica imposiciones de ningún tipo”.

Agregó que “el objetivo es que reconozcan que hay unas normas y que no nos ignoren de parte de la administración municipal”.

Señaló además que con esta decisión deberá hacerse un ajuste al presupuesto que corresponde a las juntas, el cual se pretende aumentar de 25 millones de pesos a por lo menos 100 millones de pesos.

Para algunos concejales la situación es prioritaria y de hecho, para el concejal Oliverio Castellanos “es necesario que se les tenga en cuenta en la socialización, para poder avanzar en el estudio correspondiente”.

“Solicité que se tenga en cuenta la peticion porque la ley es clara”, dijo.

Por su parte, el concejal Óscar Angarita fue enfático en que “se deben respetar las solicitudes, en especial si no les tuvo en cuenta la administración”.

En mi caso, solicité que se estudie la petición y, si la administración está incumpliendo hay que tenerlos en cuenta”.

El este caso, “hay que devolver el presupuesto de 2018 y tendrán que bajarlo cumpliendo ese requisito”, afirmó.

En relación con la solicitud de las juntas administradoras, la alcaldía envió una carta de invitación a los ediles de la ciudad para el jueves a las 3 p.m., con el fin de tratar “temas de importancia para las comunas”.

Otras peticiones

El edil afirmó que hay más temas pendientes como la elección de un presidente de las JAL con voz y sin voto que vaya a los consejos de gobierno, o la actualización del proyecto que creó las JAL en el año 1994.

“Se necesita que la administración elabore un nuevo proyecto incluyendo normas que no existían en ese momento, así como barrios y comunas que tampoco se habían creado”, dijo. 

“Lo otro, es un decreto para reglamentar las sesiones, y brindar herramientas a cada junta para su funcionamiento, por ejemplo, con un sitio en cada comuna para sesionar”.

Vigencias futuras, aprobadas

De otro lado se conoció que el proyecto de acuerdo para aprobar vigencias futuras tanto excepcionales como ordinarias fue aprobado, con destinación a 23 proyectos.

Para el caso de las vigencias excepcionales, que comprometen 44.325 millones de pesos provenientes, en su mayoría, de recursos del Gobierno Nacional, se destacan los proyectos de: 

Contratación de transporte escolar para 2018: 2.600 millones de pesos.

Programa de alimentación escolar: 17.600 millones de pesos.

Contratación de la prestación del servicio público educativo: 12 mil millones de pesos.

Contratación personal administrativo en las escuelas: 8.000 millones de pesos.

Infraestructura de equipamiento municipal: 1.500 millones de pesos.

Construcción, recuperación y mantenimiento de vías urbanas: 2.000 millones de pesos.

En materia de vigencias futuras ordinarias, los dineros suman 24.082 millones de pesos, para proyectos como la adecuación del Cristo Rey; mejoramiento de parques; adecuaciones escolares; pavimentación de calles; entre otros.