Tras seis meses detrás del superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, para que intervenga en la crisis de la salud que sacude a Cúcuta y su área metropolitana, por cuenta de la desatención de las Eps, el fin de semana el funcionario les anunció a las autoridades del departamento una evaluación profunda para determinar responsables.

La determinación se adoptó en el encuentro que se sostuvo con el representante de la Supersalud en Bogotá, al cual asistieron el gobernador, William Villamizar; el gerente del Instituto Departamental de Salud, Juan Alberto Bitar; la secretaria de Salud de Cúcuta, Judith Ortega; el presidente de la red de controladores de la salud del departamento, Silvano Serrano, y vocales de la salud.

Serrano señaló que a Muñoz se le develó la grave situación de la prestación de los servicios de salud en que están incurriendo la mayoría de las Eps, al igual que la alta cartera que estas contrajeron con la Ips locales por servicios que les han prestado.

Esta situación, dijo Serrano ha levantado un alud de quejas de los usuarios, por la demora en la prestación de los servicios especializados, así como en los tratamientos autorizados por los médicos.

Una primera conclusión es que esta semana se llevará a cabo una mesa técnica de trabajo con presencia de delegados de la Superintendencia Nacional de Salud, el ministerio de Salud, las autoridades del departamento y la red de controladores de la salud, con miras a revisar de manera precisa y puntual el tema de indicadores y cifras.

La información que surja de esta mesa le será presentada a Muñoz y al ministro de Salud Alejandro Gaviria, para que se determinen las acciones a seguir, dijo Serrano.

Bitar, por su parte dijo que el superintendente se mostró muy interesado a intervenir la crisis, en especial la deuda que tienen las Eps con las Ips locales.

“Él (Muñoz) se comprometió a evaluar con cuentas maestras la ejecución que están haciendo las Eps con respecto a los recursos que se están girando del departamento, dado que ellas se están quedando con un 20 por ciento de estos recursos”, expresó el funcionario.

Agregó que lo que se planteó a la Supersalud es que estos recursos se inviertan en el departamento y no se transfieran a Bogotá.

Muñoz se comprometió también a enviar a Cúcuta a partir de la próxima semana a un funcionario de alto nivel de esa superintendencia, para que atienda y resuelva quejas desde aquí y no desde Bogotá.

También delegó a la funcionaria Ana Katerine Carrascal, para liderar la mesa territorial en la que se revisarán las deudas, se mirarán las cuentas maestras y se evaluará la ejecución que hacen las Eps con los recursos que les gira el departamento.

Benjamín Cuadros, veedor de la salud, pidió celeridad en este proceso, porque hay muchas vidas esperando ser atendidas por las Eps.

Quejas por medicamentos

El veedor de la salud Nicolás Salazar Bautista le recriminó fuertemente al director del Instituto Departamental de Salud, Juan Alberto Bitar, la indiferencia con que funcionarios adscritos a la división de salud pública están atendiendo casos de pacientes enfermos de VIH Sida y tuberculosis.

Salazar citó el caso de un joven que contrajo VIH y luego recayó con un diagnóstico de TBC resistente al que no se le pudo suministrar medicamentos para esta última enfermedad por no haber existencias en la ciudad.

El veedor denunció que desde hace 20 días el paciente no recibía tratamiento, ni tenía seguimiento por parte de la secretaría de salud del municipio de Cúcuta. Agregó que la información que se recibió de Karla Marcucci, jefe de la división de epidemiología del departamento, es que no existe medicamento actualmente en el país para tratar esta resistencia de TBC.

Según el ministerio de la Protección Social, le correspondía a la Eps Ecoopsos entregar dicha medicación, pero no lo hizo tampoco.