El Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta falló a favor de una demanda instaurada contra la Alcaldía de Cúcuta y la Sociedad Auditorías e Interventorías Ambientales y de Servicios Públicos AUDIMON SAS y ordenó la suspensión de los efectos de la contratación firmado por el saliente secretario de Planeación, Jorge Omar Gandolfo, para el relleno sanitario Guayabal.
El proceso contractual dejado por el funcionario de Cúcuta pretendió trasladar a los usuarios el costo de una millonaria interventoría para vigilar la operación del relleno sanitario Guayabal.
El contrato a 6 años estipula un pago mensual de 140 millones de pesos, lo que significa que al final, los ciudadanos terminarán pagando 10.080 millones de pesos.
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La medida cautelar del tribunal es para la Resolución N° 0362 del 14 de noviembre de 2019, por medio de la cual se modificó unilateralmente el contrato de concesión N° 0618 de 2000 y de interventoría N° 3114 de 2019.
El demandante, quien es Marco Aurelio Vásquez, argumentó que “se utilizarían los recursos de la tarifa de los usuarios del servicio público de aseo, para remunerar el contrato de interventoría, afectándose los recursos de todos los usuarios”.
Para el Juzgado Octavo Administrativo, quedó claro que Vásquez busca proteger los derechos colectivos, los cuales estarían siendo vulnerados con esta contratación.
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Ya habían intentado suspender el contrato
El pasado 21 de enero, el Juzgado Séptimo Civil de Oralidad de Cúcuta ordenó dar trámite a la nulidad de todo lo actuado en la tutela que había interpuesto el representante legal de aseo urbano Oscar García Poveda, quien también pidió suspender ese contrato de interventoría para vigilar la operación del relleno sanitario Guayabal.
La nulidad de lo actuado en la referida tutela se produjo teniendo en cuenta que el despacho por error involuntario omitió pronunciarse sobre la solicitud del exdirector de Planeación, Jorge Omar Gandolfo, respecto a su vinculación como tercero interesado en la presente acción.
Esa acción popular, que había dado origen 24 horas antes a la suspensión de los efectos de la resolución Resolución N° 0362, fue formulada por Aseo Urbano por la modificación unilateral del contrato de concesión ordenada por el exfuncionario de Planeación.
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Desde el año 2000, cuando se firmó el contrato de 0618 de concesión de servicio de aseo con la empresa Aseo Urbano (del grupo Veolia), el municipio contrató ocho interventorías entre 2001 y 2008, pagadas con recursos del presupuesto municipal.
A partir del 2009 y hasta el 2013 decidió prescindir de la interventoría y delegó la función de supervisión del contrato a la Secretaría de Hacienda; en 2014 la supervisión pasó a la EIS hasta el 2016 y entre 2017 y 2019 la supervisión estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda.
Al finalizar el año pasado, Jorge Omar Gandolfo decidió contratar una nueva interventoría, sin que existieran argumentos que justificaran tal contrato.
