Propietarios y conductores de busetas de Cúcuta se encuentran inconformes con las autoridades de Tránsito municipal y el Área Metropolitana, pues afirman que en la ciudad no se han dado las condiciones necesarias para que este tipo de actividad económica sea una fuente de ingreso estable.
Con volantes impresos y dispuestos en los diferentes vehículos de servicio público colectivo, intentan hacer visible la problemática que, según propietarios como Raúl Suárez, de la empresa Trans Petrólea, los viene afectando desde hace algún tiempo.
Él asegura que “Tránsito no ha sido capaz de controlar la piratería, no sé si es que los mismos funcionarios de Tránsito tienen automóviles para trabajar de piratas, porque tantas veces que se les ha dicho, con los gerentes de las empresas se han reunido para combatirla y nunca han podido erradicar el transporte ilegal en Cúcuta”.
Suárez señala que el problema no solo aqueja a los propietarios, sino también a conductores de estos vehículos, quienes ven afectados sus ingresos.
También, se refiere al ingreso de los nuevos taxis blancos que ya se encuentran circulando. “En un parqueadero se encuentran como 300 más para distribuirlos en Cúcuta, con el fin de acabar los colectivos”, lo que también los afectará pues deben cubrir costos de planillas de pago diarias de más de 60 mil pesos y este nuevo servicio muy seguramente tendrá un cobro mucho menor.
Adicionalmente, transitarán por las mismas rutas que se vienen trabajando, lo que no soluciona en nada el inconveniente.
Unibus respalda a las empresas
Unibus es una compañía que nació en 2006 e inició sus operaciones este año, conformada por seis empresas inicialmente (Trasán, Guasimales, TransPetrólea, Cortadistancia, TransOriental y Coomicro) para prestar un servicio “eficiente y moderno, en cuanto a transporte colectivo se refiere”, expresa el director de Sistema de Gestión y Control de Flota de la empresa Unibus, Luis Alejandro Rodríguez Serrano.
Actualmente, solo cuatro de las seis empresas siguen como miembros activos y las otras dos, aunque siguen asociadas, no participan del proyecto que se está implementando.
Rodríguez manifiesta que “están notando los empresarios que tanto el Área Metropolitana como Tránsito Municipal, han expedido una serie de resoluciones donde habilitan rutas que ya están, lo que ha incentivado la guerra del centavo, yendo en contra con lo que el Área Metropolitana en su proyecto planteó, es decir, una reestructuración de rutas”. Esto significa que existe sobre oferta de vehículos para las mismas rutas, lo que se traduce en menos ingresos para cada carro.
Para Luis Alejandro Rodríguez, es comprensible que conductores, empresarios y propietarios expresen su inconformidad, pues existen en la ciudad empresas que no están cumpliendo como ellos con los requisitos planteados por la ley como lo son el sistema de rastreo satelital y los cuenta pasajeros, pero pueden operar en la ciudad sin ningún tipo de restricción, lo que ha llevado a muchos de ellos a desertar de la agremiación y trasladar sus vehículos a donde no se acogen a la norma.
Las reglas del juego.
Según José Gregorio Botello, las condiciones planteadas para que las empresas aceptaran el proyecto fueron tres: “Iniciar el proyecto de unificación, reestructurar las rutas para reactivar las que se encuentran abandonadas y contrarrestar el servicio no autorizado”.
El mismo Botello afirma que uno de los beneficios que se ofreció a las empresas, fue dar prórrogas para evitar sanciones por no cumplir con la capacidad mínima o tener rutas abandonadas.
Finalmente, el Área Metropolitana indica que para el mes de diciembre presentarán resultados en temas de transporte ilegal, pues se ha venido trabajando en el cumplimiento de la norma y se ha llevado a cabo operativos para inmovilizar vehículos que prestan el servicio de una manera ilegal.
De igual manera, se ha adelantado sanciones contra las empresas que no cumplen con el servicio de transporte como lo estipula la norma.
Por el momento, propietarios, conductores y empresarios sienten que existe un vacío entre la resolución que dio inicio al proyecto de unificación y la aplicación de este, pues no se ha tratado de manera contundente e inicial el tema de base que ellos consideran es el transporte ilegal. Lo que ven con preocupación, pues mientras las autoridades controlan la piratería, su economía se sigue viendo afectada y finalmente terminará llevándolos a la quiebra.
