La realidad actual de la frontera colombo-venezolana de Norte de Santander y Táchira, territorio interactivo de relaciones dinámicas e históricas, explican las autoras, permite destacar la creciente movilidad humana con migración interna y de venezolanos, la desigualdad y falta de oportunidades, las violencias de diferentes actores armados, los desastres ambientales, el aumento demográfico desbordado, las necesidades sociales y económicas y un creciente multiculturalismo que influye en la despersonalización, la xenofobia y la poca y distorsionada información sobre la realidad.
Realidad que se diluye en los diálogos habituales que emplean expresiones como: “mi vida, mi problema, mi espacio, mis amigos, mis contactos”, contribuyendo con ello a la desintegración del tejido social.
Esta situación se agrava con la creciente despersonalización comunicativa y el uso de medios masivos que transforman las relaciones interpersonales por emoticones, símbolos, perfiles que obedecen a tendencias y no a realidades, permitiendo que la trata de personas crezca a través de redes especializadas, sumándose con la crisis migratoria venezolana.
El panorama, tanto en lo socioeconómico como en lo comunicativo, no se muestra despejado; es un remolino que absorbe en las históricas economías ilegales de la frontera a las migrantes mujeres venezolanas, que por su vulnerabilidad representan a una población exponencial para la trata de personas.
Titulares de los medios de comunicación dan cuenta de ello: “En Cúcuta, una red de trata de personas reclutaba venezolanas”, “22 denuncias de trata de personas en 5 años”, “A 30 años de prisión fue condenada mujer por trata de personas”.
Conjugándose con la vulnerabilidad, el silencio y la aparente indiferencia social que impera por temor a represalias de las redes y mafias criminales que hacen de este delito, una de sus fuentes de ingresos.
Tras esa falsa complicidad social, en estos tiempos de pandemia, se posicionó el concepto de “desapariciones” una respuesta social “aceptada y suavizada” que en la investigación adelantada por Albornoz y Ramírez podían asumirse como voluntarias por seguir un proyecto de vida, para evadir a la pareja, emprender viajes laborales, no asumir una deuda o evitar un problema familiar.
Implica también este delito, el uso de la terminología adecuada para distinguir el estatus de los migrantes y con ello respetar sus derechos, por ejemplo: “Trabajadores migrantes autorizados o regulares, trabajadores irregulares, visitantes-turistas, empresarios, cuerpos diplomáticos, refugiados y víctimas de trata”, razón por la cual la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, compromete a los Estados a prevenir la migración irregular y el tráfico y trata de personas.
Pese a que la trata de personas en Colombia, tiene rango constitucional para su prohibición y hay leyes exclusivas para su prevención y castigo, el común de la gente, consciente o inconsciente, lo acepta, al consentir la prostitución o la servidumbre en población migrante.
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