Los suspendidos directivos de la Cámara de Comercio de Cúcuta comparecieron, este lunes, ante los medios de comunicación de la ciudad para defenderse de los señalamientos que se hicieron contra ellos y por los cuales enfrentan un proceso disciplinario en la Procuraduría Regional.

La defensa de sus actos giró en torno a aspectos tales como el incremento salarial del suspendido y luego destituido presidente ejecutivo de la entidad cameral, Héctor Santaella, la aprobación del presupuesto 2020, el aumento de la nómina en un 24 % y el contrato BPN, por el cual se expuso a la cámara de comercio a un detrimento de casi mil millones de pesos.

Sobre el primer tema, Fernando Del Corte, quien fue el encargado de presentar el informe de la defensa de los suspendidos directivos, mencionó que el incremento salarial de Santaella se ajustó a la ley y se produjo basado en un estudio técnico y financiero en el que se analizaron  salarios de los preidentes ejecutivos de cámaras de comercio del país con sueldos entre $35 millones y $40 millones.

Del Corte precisó que Santaella, abogado con maestría e idioma inglés, heredó un salario de un perfil no profesional, en franca alusión al sueldo que le pagaban al anterior presidente ejecutivo Carlos Luna, quien llegó al cargo con un perfil  que solo demandaba el haber sido miembro de un gremio.

Dijo que Santaella presentó la solitud del aumento salarial, argumentando los muy buenos resultados de los 8 meses que estuvo en el 2019. En los resultados financieros de ese año se lograron unos excedentes por el orden de los $760 millones.

En torno al aumento en el presupuesto, Del Corte dijo que obedeció solamente a una meta fijada por la Junta y el Presidente  Ejecutivo  para la vigencia 2020.

Dijo que existía una descompensación salarial dado que los sueldos se asignaban “a dedo”, de acuerdo al grado de cercanía del funcionario con miembros de la Junta o altos ejecutivos.

El año pasado por primera vez se realizó un Estudio de valoración de cargos, que determina de acuerdo a la función, el nivel salarial. 

En cuanto al aumento de la nómina se dijo que esto se produjo porque siete  trabajadores OPS pasaron a nómina, aumentándose en 24 por ciento en un presupuesto que aún no se ha ejecutado.

En cuanto al software  de gestión documental que se contrató por una cuantía de 1.000 millones de pesos, Corte manifestó que este se  suscribió en 2017 por la administración de la época.

De este contrato se autorizaron abonos de dinero por $900 millones, “que hoy fueron una pérdida para la Cámara de Comercio”, y la Contraloría encontró 32 hallazgos graves en este contrato.