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Zonas azules: la nueva polémica en Cúcuta

La pretensión de instalar otras zonas de parqueo “generaría un desequilibrio contractual para el contrato de concesión” de grúas.

Una nueva preocupación surge en torno a las zonas azules en Cúcuta, esta vez, para la concesión de grúas que ya alertó el Concejo en torno al proyecto de acuerdo remitido por la Alcaldía a la corporación, sobre este sistema.

Según Enrique Ortiz Millán, gerente y representante legal del Grupo Empresarial Andino SA, las razones de dicha afectación se deben a que el contrato de concesión del servicio de grúas contempla que que el municipio está obligado a “hacer respetar y mantener las áreas de prohibición de parqueo” existentes en la actualidad.

Sin embargo, la pretensión de instalar otras zonas de parqueo, “generaría un desequilibrio contractual para el contrato de concesión” 0565 del 2000, firmado para el servicio de grúas, coordinación, control del espacio público y regulación del tránsito.

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Por ello, la empresa solicitó al Concejo “realizar la correspondiente verificación” a lo que se expuso en un documento remitido a la corporación, dado “el perjuicio que se podría causar al concesionario del servicio de grúas”.

Según la carta de Ortiz, se espera así salvaguardar, “desde el punto de vista jurídico, los intereses del municipio” y reitera que si dicho contrato soslaya los derechos del concesionario, la afectación será inmediata.

¿Vicio de nulidad?

La anterior no es la única inquietud que hoy rodea el tema de las zonas azules, pues el concejal Oliverio Castellanos pidió una revisión exhaustiva en relación con un presunto vicio de nulidad que afectaría también a la actual concesión de tránsito: Consorcio servicios de tránsito y movilidad de Cúcuta.

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Según Castellanos, la concesión que incluye la operación de las Zonas de estacionamiento regulado (Zer), estaría contraviniendo un acuerdo municipal aún no derogado que establece el sistema de estacionamiento denominado zonas azules y zonas amarillas.

El acuerdo, de marzo de 2012, indica que la operación de dichas zonas “estará a cargo de uno o varios concesionarios hasta por el término de cinco años”.

“El acuerdo mencionado no ha sido derogado por ningún otro acuerdo posterior;  por ende, concesionar las zonas azules y amarillas por 20 años es totalmente ilegal”, dijo el concejal. “Al adjudicar la concesión y firmar el contrato se violó el orden procedimental exigido”.

Castellanos también cuestionó el hecho de que el contrato de concesión se hubiese celebrado sin partir de un estudio técnico y flujo financiero que justificara dichas zonas, el plazo de la concesión y la participación del municipio, “pero eso no se soportó”.

Afirmó que el estudio para la implementación de las Zer solo se dio a conocer en 2018, a raíz del estudio del estatuto tributario, pero el contrato de concesión se firmó en diciembre de 2017.

“No puede haber un estudio posterior para firmar el contrato de zonas azules y amarillas”, reiteró el concejal.

De acuerdo con el pliego de condiciones, según el cual se otorgó la concesión, “con respecto a las zonas de estacionamiento regulado y el parqueo en vía pública, el proponente deberá atender las tarifas que regule y establezca el concejo”, y el aporte de estudio técnico que publicó la Alcaldía en 2017, en el Secop, sobre estacionamientos son las estadísticas que indican el aforo de vehículos estacionados en la calle y el tiempo de entrada y salida de las zonas identificadas.

Molestia en el Concejo

De otra parte, el concejal Castellanos lamentó la respuesta de la Secretaría Municipal de Tránsito, a un oficio en el que se requirió la documentación que soportó el contrato de concesión con el consorcio de servicios de tránsito.

Aunque la secretaría explicó que, en aras de reducir el uso de papel, el concejal debería revisar el Secop y ubicar la información requerida, la molestia surgió porque se le dijo además que si necesitaba las copias debía pagar 100 pesos por cada una.

“Es una falta de respeto al secretario”, dijo, y lamentó que los coadministradores del municipio no tengan acceso a la información, razón por la que conminó a la Procuraduría y la Fiscalía a investigar las cuentas y contratos de la dependencia, “que no tiene recursos para unas copias”.

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Jueves, 22 de Noviembre de 2018
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