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Acusan a cuatro empresas por violar la libre competencia en Colombia

La multa que podrían enfrentar cada una sería de 75.000 millones de pesos aproximadamente.

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia acusó el miércoles a Procter & Gamble, Postobón, Carbones del Cerrejón y Equión Energía, marca de BP Exploration Company en el país, de haber incurrido en presuntas conductas anticompetitivas por las que podrían enfrentar multas de hasta 25 millones de dólares.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, explicó a Efe que su despacho imputó cargos a estas empresas “por presuntamente haber violado la libre competencia” a raíz de “conductas que habrían limitado, restringido u obstruido la libre circulación de las facturas” emitidas por sus proveedores.

De esta forma se le restringía a los proveedores “el acceso a liquidez al no permitirles negociar o descontar libremente sus facturas con terceros”, práctica conocida como “factoraje”.

La superintendencia formuló además cargos contra 15 ejecutivos de las empresas investigadas “por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas anticompetitivas”.

Robledo explicó que las empresas y los ejecutivos tienen 20 días a partir de la notificación del pliego de cargos para ejercer su derecho a la defensa “presentando descargos, dando las explicaciones que a bien tengan” y “aportando las pruebas que consideren pertinentes”.

De ser halladas culpables, las empresas podrían enfrentar cada una multas de hasta 75.000 millones de pesos aproximadamente (unos 25 millones de dólares).

Por este caso también fueron señaladas las auditorías Deloitte & Touche, Pricewaterhousecoopers, Ernst & Young y KPMG “por presuntamente incumplir parcialmente con su deber legal al no pronunciarse en su dictamen anual de revisoría sobre la constancia que debió dejar la administración de las empresas investigadas, de no haber entorpecido la circulación de las facturas emitidas por sus proveedores”.

Según el superintendente, las personas naturales y las empresas de revisoría fiscal, acusadas pueden enfrentar multas de “hasta 500.000 dólares”.

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EFE
Miércoles, 8 de Noviembre de 2017
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