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Alcaldes se oponen al cierre de los mataderos

Martes, 30 de Octubre de 2018
Invima adelanta inspecciones.

De las 32 plantas de autoconsumo de carne de Norte de Santander, cinco ya están cerradas por el Invima y otras 14 están en vigilancia por la implementación de medidas sanitarias y de funcionamiento requeridas por las diferentes autoridades de control a nivel nacional. 

A raíz de la coyuntura, 10 alcaldes y 15 delegados se reunieron este martes con el secretario de Desarrollo Económico, representantes del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento y Alimentos (Invima), el Instituto Departamental de Salud (IDS) y el Banco Agrario. 

En la reunión se dieron a conocer las inversiones en el plan de racionalización de plantas de beneficio animal, el cual mostró que los municipios han invertido más de $1.600 millones y aún no logran cumplir los requerimientos del Invima. 

El secretario de Desarrollo Económico, Iván Manzano, propuso a los alcaldes usar las plantas de beneficio regional, medida a la que se opusieron porque “generaría desempleo a las personas que trabajan en las plantas municipales y por las dificultades para el transporte”. 

Carlos Patiño, director general de Friogan, dijo que su planta puede abastecer a casi 20 municipios y proponen generar un sistema para transportar a los animales y la carne en frío para su comercialización. 

“Tenemos menos de un año para transformar las plantas de beneficio en regionales, por lo que no hay tiempo”, indicó Patiño. Otra de las propuestas es la creación de plantas regionales que puedan atender la demanda de las provincias. 

La alcaldesa de Bochalema, María Inmaculada Parada Bermón, señaló que pueden abastecer a Durania, Pamplonita y Chinácota, pero necesitan más de $400 millones para cumplir con los requerimientos del Invima. 

Juan Manuel Silva, gerente del Banco Agrario en Cúcuta, dijo que la entidad cuenta con un crédito llamado ‘Plantas de beneficio animal’, para cubrir las inversiones para la adecuación o creación de mataderos, con plazos de pago de hasta de 15 años. 

Se espera que los municipios busquen acceder a los créditos o las propuestas ofrecidas porque la amenaza de los cierres es inminente.

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Daniel Villán Bustamante