Favorecer a las personas que están reportadas en las centrales de riesgo, limitando el periodo de reporte a solo 2 años y no cuatro años como está funcionando actualmente, no sería una propuesta tan positiva afirman los analistas.
El proyecto de ley, radicado en el Congreso la semana pasada, busca que no se castigue a las personas por deudas que pagaron hace tiempo.
Sin embargo, representa un problema porque limita la capacidad de las entidades financieras de diferenciar a los clientes que son cumplidos de los que no lo son.
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Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que se terminará castigando a las personas que tenían buen crédito.
“Antes les podían ofrecer créditos en condiciones más ventajosas a las personas cumplidas porque sabían que el riesgo no era grande, mientras que las personas que eran un riesgo mayor les ofrecían unas tasas más altas”, dijo.
Agregó que se llevaría a un aumento en las tasas de interés y se reduciría la cantidad total de créditos otorgados.
Propuestas de ese tipo –dice Reyes– se han intentado en Chile y se concluyó que el acceso al crédito se redujo por parte de los consumidores en un 3,5% en vez de aumentarlo, y que los más afectados fueron los consumidores de más bajos recursos.
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“Son buenas intenciones para aumentar el acceso a crédito, pero podrían terminar causando todo lo contrario”, dijo.
Es decir que impide el libre flujo de información relevante para tomar decisiones de negocios y aumenta las asimetrías de información en vez de reducirlas.
Reyes agregó que esta ley se está promoviendo desde el Congreso con buenos ojos y el interés de posicionar a algunos congresistas como defensores del interés público.
“El problema es que a esta ley le faltó un análisis económico más serio”, dijo.
La ley avanzará a sus dos últimas discusiones que se darán en la Cámara de Representantes, en donde igual que el Senado hay un amplio apoyo para que se pueda discutir y aprobar en esta misma legislatura que termina el 16 de junio.
