Veintisiete de los 117 municipios que aprovecharon el esquema de financiación de los denominados Bonos Agua, que se estructuraron durante el primer período de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda, terminaron con obras inconclusas.
Este resultado lo arrojó una auditoría de la Contraloría General de la República, que, pese a que aseguró que no encontró hallazgos en su investigación, concluyó que la ejecución de los recursos relacionados con esta financiación no fue conforme.
Además de las obras inconclusas, el análisis también aseguró que “las condiciones de los préstamos adquiridos por los municipios vinculados al esquema de financiamiento denominado Bonos de Agua, no fueron las más favorables por las tasas de interés pactadas y la restricción del prepago de las deudas”.
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Según los datos del órgano de control, los créditos de los 117 municipios ascendieron a $440.637 millones. De estos, 108 municipios entregaron información financiera de créditos por $417.163 millones.
La Contraloría destacó que sobre este último grupo se han efectuado pagos por concepto de intereses por $408.362 millones, lo que equivale a 97,8% del monto de los créditos; y por capital a $59.198 millones, lo que representa 14,2%.
“Lo que faltó en muchos de estos 117 entes territoriales fue planeación, para que durante la ejecución de las obras no se presentaran problemas, y para que una vez culminadas las obras, las mimas prestaran una utilidad pública”, aseguró José Antonio Soto, contralor delegado que dirigió la auditoría de cumplimiento en el tema de Bonos Agua y que aseguró que incluso en cinco municipios las obras nunca se iniciaron.
Adicional a esto, la investigación también resaltó que hay municipios que pese a que no han realizado abonos a capital, sí han pagado en intereses más de una vez el valor del crédito. Es el caso de Florencia, que ha pagado en intereses 1,19 veces; Girón (1,16 veces); Soacha (1,14 veces) y Susacón (1,03 veces).
Si se miran los municipios que más han pagado intereses en montos, el ranking lo lidera Buenaventura, con $52.577 millones, (1,2 veces el valor prestado); Valledupar, con $39.622 millones (1,07 veces el valor inicial); y Bello, con $35.722 millones (1,27 veces).
De acuerdo con Francisco Suárez, socio de Infraestructura Legal, “es importante dejar claro que una cosa es la responsabilidad por el diseño de una política para la financiación de unos proyectos y otra cosa es la forma como se contratan y ejecutan esas obras”.
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Según el consultor, no sería extraño que si la inexistencia de hallazgos exonera de responsabilidad al Ministro de Hacienda actualmente, “se puedan encontrar responsabilidades más adelante en cabeza de quienes no hicieron las obras o quienes las contrataron como no debían”.
El Ministerio de Hacienda aseguró que por ahora no tiene comentarios a la investigación publicada por el órgano de control.
Sanitariamente la calidad del agua es inviable en 22% de los entes territoriales. De acuerdo con la Contraloría, otra de las conclusiones que arrojó la auditoría tiene que ver con la calidad sanitaria del agua.
Según Soto, en 22% de los municipios del programa, es decir, en 26 municipios, se evidencia que el agua presenta una calidad inviable sanitariamente.
“Se entiende que el propósito de estos créditos era, entre otros, mejorar la calidad del agua, en 22% la calidad del agua es inviable sanitariamente, en otros 46 municipios se presenta una calidad del agua de alta viabilidad”, sentenció José Antonio Soto.
