La economía colombiana no se puede dar el lujo de decir no a la industria de los hidrocarburos, eso quedó claro el miércoles en la primera jornada del tercer congreso nacional de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), que se desarrolla en Bogotá.
El mensaje al auditorio, compuesto por los principales empresarios y dirigentes de esta industria, fue dado por Guillermo Fonseca, presidente del consejo directivo de la ACP y Germán Arce Zapata, ministro de Minas Energía, quienes, en palabras diferentes, dejaron claro que no se puede pensar en un desarrollo de país sin el crecimiento de esta industria.
Las palabras de los directivos, uno del Estado y el otro de la empresa privada, llegan en un ambiente enrarecido para el sector petrolero, que hoy, además de los bajos precios internacionales del crudo, sufre del linchamiento social que se ha evidenciado en cuatro poblaciones del país, en donde los ciudadanos, usando la herramienta de las consultas populares, se han manifestado en contra del desarrollo de estos proyectos, especialmente por los aparentes daños ambientales que podrían generar.
El problema, explicó Arce, es que el oro negro es el principal financiador del Gobierno Nacional y hasta que no haya otro sector capaz de soportar ese peso, es “absolutamente irresponsable”, pensar en que este no es el camino.
La extracción de petróleo en el país, que en 2018 cumple 100 años, le aportó entre 2010 y 2016, 140 millones de dólares a la economía, en regalías e impuestos, que sirvieron para financiar proyectos y diferentes compromisos del Estado.
Según el Ministro, 1 de cada 4 pesos de la economía colombiana, los genera el crudo.
Actualmente, el problema, es que Colombia solo tiene reservas para cinco años y las existentes están costa afuera, es decir, en el suelo marino, y en la plataforma continental o roca dura, que requiere la implementación de procesos como el fracturamiento hidráulico o fracking, técnica suspendida en algunos países de Europa por los riesgos sísmicos y el agotamiento de las reservas de agua subterránea.
Esta segunda opción es la que está generando mayor controversia entre las comunidades que se niegan a aceptar dicha explotación. Sin embargo, como lo dejó claro Arce, las consultas populares no son vinculantes, pues así lo indica la constitución.
“Si mañana se hiciera una consulta para la actividad minera en zona de páramo y en la consulta gana el sí, qué hago con la norma que prohíbe desarrollar actividades mineras en páramos. La ley no se puede romper vía consulta popular”, aseguró Arce.
El diálogo y los beneficios tributarios
Ahora, para enfrentar la crisis petrolera el Gobierno ha implementado diferentes beneficios consignados en la nueva reforma tributaria, entre ellos, el Certificado de Reembolso Tributario (Cert) para la explotación minera y de hidrocarburos, la reducción de impuestos para la explotación costa afuera (offshore) y la posibilidad de pagar impuestos con obras en las zonas de conflicto.
Pero, la gran piedra en el zapato que tienen en estos momentos los empresarios de este sector, además de la crisis financiera generada por los precios, es la falta de aceptación y confianza en las comunidades.
Las empresas le tienen miedo al activismo social de las regiones, por eso hay que buscar un acercamiento, construir una agenda conjunta y mirar cómo se logra el desarrollo del sector, dijo el ministro en rueda de prensa, después de su presentación en el congreso de la ACP.
“La mitad de la ecuación es escuchar y la segunda es definir agendas con las comunidades, para uno poder mostrar que significa esta industria en términos de desarrollo territorial”, afirmó el funcionario.
El otro tema en el relacionamiento entre comunidad e industria es llegar con información clara, porque hay mucha desinformación que está generando la tensión entre las partes, aseveró Fonseca, durante su presentación.
Más allá del diálogo y las buenas intenciones, las petroleras tienen una responsabilidad que va más allá de producir barriles rentables y amigables con el ambiente. Sobre esto, el directivo de la ACP indicó que las empresas deben empezar a impulsar “proyectos genuinos” para el desarrollo social y económico de las comunidades donde tienen impacto.
