Los constructores de Norte de Santander y del país, agremiados a la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), rechazaron los señalamientos hechos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre el presunto uso de acero de contrabando en las edificaciones.
Esta semana, la ministra María Lorena Gutiérrez manifestó su preocupación porque algunos empresarios de este sector estarían utilizando en las construcciones acero de contrabando proveniente de Venezuela, que no cumple con las condiciones de sismo resistencia que exige la reglamentación nacional.
Frente a las palabras de la ministra, que terminaron con una petición a las empresas de la línea fronteriza, para que eviten comprar esta clase de materiales, Camacol, en un comunicado, afirmó que “resulta del todo inconveniente que se afirme de manera generalizada que los constructores están utilizando acero de contrabando y sin los estándares exigidos, pues en el marco de la formalidad el cumplimiento de las regulaciones de los insumos son una prioridad; por lo tanto, frente a estas afirmaciones deberían las entidades de control tomar las acciones para individualizar los casos y adoptar las acciones legales y judiciales pertinentes”.
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Así mismo, el gremio fue enfático en señalar que siempre se ha trabajado “en la promoción del cumplimiento de los estándares exigidos para el acero usado en la construcción. Hemos realizado dos campañas. Una con la Andi, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Vivienda, denominada ‘acero certificado’, y otra de la mano con Asocreto, Asogravas, Andi, Aferri, Asosec, y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que se denomina: compra formal construye legal”.
Los constructores también señalaron que lo importante es prevenir y controlar que el mercado de acero, tanto en la frontera como e en el resto del país, se vea permeado de producto sin los estándares exigidos.
“Camacol y sus empresarios continuaremos respaldando todas las acciones encaminadas a este objetivo, de lo contrario, la deficiencia de estos controles además de poner en riesgo a la industria, abona el terreno para la construcción informal, quienes son los que finalmente terminan accediendo a estos productos”, señala el comunicado.
