Con un mercado interno estancado, una deuda externa creciente y una crisis pensional, Colombia enfrenta un 2018 con fuertes retos, los cuales tendrán que ser asumidos por el nuevo Congreso de la República, que se elegirá en marzo, y por el nuevo presidente de la República que asumirá el mandato en el mes de agosto.

Sin embargo, faltando siete meses para que termine el gobierno de Juan Manuel Santos, durante este periodo también se deberán debatir temas como el agotamiento del actual sistema pensional y los problemas que trajo la reforma tributaria del 2016.

En ese sentido, los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional, Víctor Castañeda, Jorge Iván Bula y Ricardo Bonilla, realizaron un balance del 2017 y analizaron algunas perspectivas que tendría el país en materia económica durante este año.

Calificación del país bajará más

El profesor Castañeda, experto en temas tributarios,señaló que la decisión de la compañía estadounidense Standar & Poor’s de bajar la calificación del país de BBB a BBB- el pasado 12 de diciembre, es algo que se esperaba desde el año anterior, debido a la desaceleración económica que se presentó en cuatro periodos seguidos y el impacto de la reforma tributaria del 2016, que en vez de ser estructural, integral y progresiva fue básicamente fiscalista.

“La actual reforma no tuvo nada de estructural porque no analizó todas las herramientas de gasto público o de política fiscal, y lo único que hizo fue crear una comisión de expertos para que dieran sus análisis, sin hacerlos vinculantes. Tampoco fue integral porque no resolvió la baja tributación de los entes municipales y departamentales; mucho menos fue progresiva porque centró la recaudación en el IVA”, indicó Castañeda.

Para el académico, el país afronta un problema estructural de recaudación de impuestos, de modernización institucional de la Dian y de información fiscal que no ha querido ser atendido a fondo por los gobiernos de turno.

Sin embargo, considera que lo más preocupante es que algunos precandidatos presidenciales están planteando soluciones que agudizarían la situación y no ayudarían a mantener la confianza de las calificadoras de riesgo.

En su opinión, el gran reto del próximo gobierno será buscar la fórmula para cerrar la brecha entre ingresos y gastos, teniendo en cuenta que recortar el gasto público es difícil en el corto plazo.

En ese sentido, la tarea debería centrarse en aprovechar las herramientas que hoy están disponibles para poner en cintura a los evasores, ya que por ellos el país pierde al año cerca de 40 billones de pesos por el no pago del IVA y el impuesto a la renta.

“Eso es grave porque equivale a casi el 33 % de la recaudación total, y también es preocupante si se considera que en los próximos dos años se espera una caída de la recaudación a causa de la desaparición del impuesto a la riqueza y de la sobretasa del impuesto de renta empresarial, que se redujo del 6 al 4 %, y en el 2019 desaparecerá”, explicó el investigador.

Para el profesor, otra medida que se debería poner en marcha a corto tiempo es la reestructuración de la autoridad tributaria "la falta de personal y la anticuada tecnología de la Dian es algo que está en mora de plantearse”.

De acuerdo con Castañeda, la modernización también tiene que ver con identificar nuevos instrumentos que permitan encontrar aquellos omisos del sistema, como por ejemplo, personas naturales, como los comerciantes, que mueven su dinero en efectivo y pasan por debajo del radar de la Dian.

Débil recuperación económica en 2018

Para el profesor Jorge Iván Bula, de la Escuela de Economía, el precario crecimiento económico del país en 2017, que se ubicará entre el 1,8 y 2 %, es el resultado de políticas que siguen favoreciendo la extracción de materias primas sobre la promoción de industrias basadas en la innovación y la tecnología.

Para el analista, Colombia no aprovechó la devaluación de los últimos dos años para aceitar y poner en marcha la débil industria nacional y las exportaciones.

“Tenemos una economía desacelerada en lo fundamental y afectada por la apuesta en el sector de hidrocarburos, que es deleznable por el comportamiento de los precios internacionales. Si bien este año el déficit comercial fue menor (6.000 millones de dólares) que el de 2016 (9.000 millones), la balanza comercial sigue siendo negativa y esto se ha traducido en un mayor desempleo”, señala el académico.

Para el profesor uno de los temas preocupantes del año que cierra es el comportamiento del endeudamiento externo: alrededor de 30.000 millones de millones de pesos, que es un incremento alto del crédito externo asumido por Colombia.

También se prevé que el país cerrará esta vigencia con un déficit de presupuesto cercano al 3 % sobre el PIB. No obstante, el experto dice que en la actualidad se observa una leve recuperación del precio del crudo y eso permitiría una reactivación modesta de algunos sectores, pero sujeta a las variaciones del mercado internacional.

Debido a ese pobre desempeño, el país todavía no consolida un sistema óptimo de gasto social, lo que se refleja en el frágil incremento de la inversión en educación (3 % del PIB) y en salud (2 %).

Sobre las perspectivas para 2018, asegura que se estima un leve crecimiento del PIB, cercano al 3 %, lo cual bajaría de nuevo a un dígito el desempleo, aunque, como es de esperarse en el contexto nacional, no se traduciría en mayor calidad del empleo o que fuese sostenible en el tiempo.

Reingeniería para el sistema pensional

Para el profesor Ricardo Bonilla el sistema pensional colombiano es otro de los tristes ejemplos de las grandes inequidades que padece el país. Por eso, en un corto plazo se requiere de una urgente reingeniería que garantice un bienestar general y unas condiciones dignas para el retiro laboral de los ciudadanos.

Para el exsecretario de Hacienda de Bogotá, al hablar de pensiones se deben tener en cuenta dos grupos de personas: los que están cotizando para llegar algún día a pensionarse, y los que ya llegaron a esa etapa.

Para el primero grupo, las cifras indican que oficialmente hay 20,5 millones de afiliados al sistema, de los cuales 6,5 millones están en Colpensiones y 14 millones en los fondos privados. Sin embargo, asegura, en realidad solo están cotizando 8,4 millones (6,4 millones en los fondos privados y 2 millones en Colpensiones).

“Mientras los fondos privados tienen 218 billones acumulados, Colpensiones no tiene fondo porque paga las pensiones de quienes hoy ya las reciben. La cuestión aquí es ¿cuántos de esos 8 millones tienen estabilidad y lograrán construir los requisitos para jubilarse? Hoy se requieren 1.300 semanas cotizadas (unos 23 años) y una edad cumplida de 57 años para mujeres y 62 para hombres. Si en estas condiciones no llegan, el problema no está en la edad ni en el tiempo cotizado, sino en la incapacidad de sostener alguna estabilidad en el mercado laboral en el país”, señaló Bonilla. 

Por otro lado, están los que ya cumplieron los requisitos, que son alrededor de 2 millones de pensionados según el Ministerio de Hacienda. De estos, 123.000 están en los fondos privados y 1.2 millones en Colpensiones, que cuestan 13 billones de pesos (aquí entran los trabajadores particulares), y el resto está en los regímenes especiales de funcionarios, militares y policías, en estos últimos es donde radica el desajuste del sistema, ya que cuestan 25 billones de pesos y no tienen reservas.

“Son varias las decisiones que debe tomar el país para hacer más equitativo el sistema, por ejemplo que las pensiones de más de 10 smmlv sean sometidas a un impuesto de renta; también se debería reglamentar la sustitución pensional, haciendo más estrictas y duraderas las condiciones de convivencia”, explicó Bonilla.