En menos de un año, dos puentes en Colombia fallaron en su construcción y los ciudadanos no se explican cómo obras de tal magnitud e inversión siguen registrando retrasos a la hora de ser entregadas.
Aunque fueron diseñadas y pensadas por expertos y profesionales de la materia, históricamente algunas enfrentan fallas en su estructura o en la planeación que han retrasado su entrega, a excepción del puente Chirajara en la vía a Villavicencio, que colapsó una parte y tuvo que ser demolido en su totalidad.
Hace unas semanas, Santander se convirtió en el epicentro de las noticias del país, luego de conocerse que el puente Hisgaura, de una inversión de $100.000 millones, enfrentaba notables fallas estéticas.
Aunque es un puente que no se ha caído, no se tiene la certeza de si se va a caer, y lo que es peor, no se ha definido si se puede entregar al público.
Hernando José Gómez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), explicó que el país tiene que ser exigente en la calidad de la infraestructura porque se trata de licitaciones que tienen condiciones técnicas y económicas que deben cumplirse.
Gómez agregó que los puentes tienen que ser funcionales, adecuados y corresponder a lo que se acordó. Así como un puente no se puede caer, y debe ofrecer el servicio para el que cual se contrató, también debe tener las condiciones de estética.
(El puente Hisgaura, de una inversión de $100.000 millones, enfrentaba notables fallas estéticas.)
“En este sentido, que un contratista diga ‘no, es que no importa mientras no se caiga el puente’, es algo que no se puede admitir, porque existe una obligación de entregar completa la obra con todas sus condiciones”.
Según el experto en competitividad, es muy importante saber que el puente sí tiene la resistencia adecuada, pero también sus terminados, porque es parte del paisaje de la región y debe responder con las expectativas.
“Hay un problema en las interventorías, las que se contratan para hacerle seguimiento integral a las obras y este tipo de cosas se observan desde el principio, no hasta que se termina el puente. Entonces esas alarmas las tiene que dar el interventor, el Invías, o la ANI, pero la gran responsabilidad del reclamo la debe hacer la interventoría”.
Veedurías por la infraestructura
Las veedurías ciudadanas de las Cámaras de Comercio deben advertir que las obras de infraestructura se hagan en el tiempo justo y sin sobrecostos.
Sin embargo, no pueden sancionar o terminar un contrato porque no son un ente de control.
“Lo que hacemos es remitir documentos a la interventoría, al Fondo Adaptación o al contratante que sea, a Invías y a los medios de comunicación, para que las obras importantes para la competitividad de la región se hagan”, dijo Juan Carlos Rincón Liévano, vicepresidente de desarrollo e inversión regional de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Según Rincón, con el puente Hisgaura se presentó una apreciación visual que generó inquietudes y miedo a la comunidad, sobre el futuro de la obra.
“La única manera de no especular y saber qué va a pasar, es a través de un análisis estructural y una prueba de carga que no se ha hecho”, dijo.
El contratista de esta obra es la española Sacyr y la interventora ETA.
“Es necesaria la intervención cuando hablamos de un puente que tiene una inversión de 100.000 millones de pesos. Antes de que el contratante la reciba debe asegurarse de que se haya hecho el análisis estructural y la prueba de carga”, explicó.
Según el líder de la veeduría, “el seguimiento debe ir de la mano de la interventoría, no al final, sino desde el momento en que se empieza la obra”.
Hay dos actores importantes, el primero es la interventoría que se contrata de manera independiente al contratista, para garantizar la independencia, y para que vaya mirando el proceso de construcción.
Hace más de dos meses, la veeduría manifestó las inquietudes sobre el puente Hisgaura, pero la interventoría respondió que se trataba de un tema netamente estético que se resolvía con la puesta de un faldón, que corregiría esos defectos.
El segundo actor importante para el cumplimiento de la obra es el contratante.
“En este caso, el Fondo Adaptación, que está pagando una suma representativa que finalmente es plata de todos nosotros los ciudadanos”, dijo.
Lo justo para toda la comunidad es que una obra de esta naturaleza se entregue en las mejores condiciones por la inversión que representa.
“Recibir algo que no satisfaga al contratante y a la comunidad, es muy delicado, además de que se va a constituir en un corredor vial en malas condiciones”, dijo.
