El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, defendió la decisión que adoptó el Gobierno de entregarle la parafiscalidad ganadera a la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), pese a los cuestionamientos que realizó a esa entidad la Contraloría General, bajo la administración de Edgardo Maya, y que llevó al gobierno de Juan Manuel Santos a retirar esta administración a Fedegan.
“El Ministerio evaluó lo que recibimos cuando llegamos el 7 de agosto. Encontramos que la administración del fondo estaba en manos de Fiduagraria, tras haber asumido temporalmente la administración del Fondo Nacional del Ganado. El gobierno solo podía tener temporalmente la administración de este fondo”, manifestó Valencia, haciendo énfasis en que por eso se determinó devolver, por un término de 10 años, la administración del Fondo a Fedegán, que preside José Félix Lafaurie.
Asimismo, el ministro destacó que analizó la posibilidad de un concurso público o licitación, que el gobierno anterior dejó “en prepliegos”, pero que “nunca se hizo una gestión diferente. Las inquietudes planteadas no fueron respuestas por el Ministerio anterior. Por eso no prosperó”, indicó Valencia.
Como segundo punto analizado, expresó el ministro, “revisamos las leyes y reglamentos que tienen que ver con los fondos parafiscales. La ley 89 de 1993, en su artículo 7, dice que el Gobierno contratará con la Federación de Ganaderos la administración de los recursos de parafiscales, que se complementa con la ley 101 del 93, que dice que quien administre estos parafiscales debe ser gremio representativo del sector”, es decir, a juicio de Valencia, la decisión se tomó basado en fundamentos de ley.
Valencia reiteró que, de acuerdo con la ley, los parafiscales que existen “establecen con quiénes el gobierno debe contratar la administración de dichos fondos” y, en el caso del ganado, dice que debe ser el gremio de mayor representatividad.
En este caso, explicó Valencia, se visitaron las diferentes regiones del país, encontrando que Fedegán es el sector de mayor representatividad, destacándose por tener presencia en 25 de los 32 departamentos del país. “En 17 de ellos se concentra el 92 % del hato ganadero. En ese análisis de representatividad concluimos que Fedegan es un gremio representativo. Por eso firmamos el contrato de administración, con 10 años, como lo establece la ley, que dice que no debe ser una vigencia no inferior a 10 años”.
Frente a los cuestionamientos de la Contraloría, en 2016, “no encontramos manejos que hayan terminado en hallagos fiscales o penales. Los hallazgos fueron normales en las auditorías que hace la Contraloría. En ese sentido, lo que hace el excontralor Maya antes de irse es hacer un control de advertencia”, agregó el ministro de Agricultura.
Tras conocerse la decisión, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo cuestionó que en “jurisprudencias del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos se había dicho que si el Gobierno readjudicaba manejo del fondo de la carne y de la leche debería hacerlo de acuerdo con la ley del plan y mediando licitación pública. No se hizo así. Faltó transparencia”.
